Contratación Pública

Este trabajo analizas las recomendaciones emitidas por organizaciones no gubernamentales que desarrollan su actividad en el área de contrataciones públicas así como las medidas implementadas por algunos gobiernos para que los ciudadanos puedan acceder a la información pública relacionada con las contrataciones que se tramitan y ejecutan bajo la imperante situación de emergencia derivada de la pandemia de COVID-19.

Resumen: El Derecho de la Unión Europea ha diseñado una serie de instituciones, procedimientos y recursos destinados a hacer efectivo el Derecho a tutela judicial efectiva. En lo relacionado con la contratación pública por medio de las directivas 89/665 y 2007/66 se ha regulado el entramado de procedimientos de recursos en materia de adjudicación de los contratos públicos de suministros y de obras, lo que ha sido incorporado por los ordenamientos nacionales a través de distintos institutos. En el caso italiano, la incorporación del Derecho europeo se ha efectuado respetando su cultura jurídica, de modo que el recurso en contratación pública se ventila dentro de la jurisdicción contencioso administrativa, dotándose de competencia a los tribunales administrativos regionales y al Consejo de Estado, para que conozcan y resuelvan, por medio de un procedimiento especial. Igualmente, es relevante la existencia de un procedimiento de tipo precontencioso ante la ANAC, con fuertes medidas contra la corrupción, así como la creación de medidas de control preventivo de la litigiosidad, tales como la existencia de tasas de acceso a la jurisdicción y sanciones a los litigantes temerarios. Finalmente, se analizarán las herramientas de restablecimiento del Derecho, donde se contemplan facultades para los procedimientos posteriores a la adjudicación del contrato.


Abstract: European Union law has designed a number of institutions, procedures and remedies aimed at enforcing the right to effective judicial protection. In the area of public procurement through Directives 89/665 and 2007/66, the structure of resource procedures for the award of public supply and works contracts has been regulated, which has been incorporated by national systems through various institutes. In the Italian case, the transposition of European Law has been carried out in respect of its legal culture, so that public procurement’ remedies are subject to the contentious-administrative jurisdiction, giving competence to Regional Administrative Courts, and also to the Council of State, through a special procedure. Similarly, the existence of a pre- contentious procedure before the ANAC is relevant, with strong anti-corruption measures, as well as the creation of preventive control measures of litigiousness, such as the existence of access rates to jurisdiction and sanctions against reckless litigants. Finally, tools for the restoration of law will be analysed, where faculties are contemplated for the procedures later to the awarding of the contract.

La Subasta Inversa Electrónica es un procedimiento de contratación que se realiza para adquirir bienes, contratar la prestación de servicios Normalizados que no consten en el Catálogo Electrónico y cuando el monto de la contratación supere el 0,0000002 del Presupuesto Inicial del Estado (PIE). En el procedimiento de Subasta Inversa electrónica, se enviarán invitaciones a Nivel Nacional a todos los oferentes habilitados en el RUP que se encuentren registrados en el código de los bienes y servicios seleccionado por la Entidad Contratante. En el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, el oferente envía la oferta técnica de manera física y la oferta de porcentaje de valor de Agregado Ecuatoriano de manera física y también a través del sistema. Si en la revisión de las ofertas se logra determinar que se requiere de una convalidación, la Entidad Contratante elaborará un acta de Convalidación y procederá a informar a través del sistema a los oferentes convalidados. En un procedimiento de Subasta inversa Electrónica, la Entidad Contratante está obligada a subir el acta de calificación hasta antes de la fecha límite para la calificación de las ofertas. El sistema no permitirá que el acta sea visualizada hasta que la puja o la negociación haya concluido, esto se debe a la normativa establecida en el reglamento para este procedimiento, por ello el sistema es el que se encarga de indicar a cada uno de los oferentes si se encuentran habilitados o no para participar en la puja o la negociación. La Puja es una etapa o un estado único del proceso de Subasta Inversa Electrónica y se presenta cuando existe más de un oferente CALIFICADO, es decir cuando ha cumplido todas las especificaciones técnicas requeridas y las condiciones de preferencia establecidas por el sistema. Si en el procedimiento de Subasta Inversa Electrónica existiera un solo oferente CALIFICADO o de entre los oferentes CALIFICADOS, sólo uno envía la oferta económica inicial, el procedimiento no pasará a la etapa de PUJA sino al de NEGOCIACIÓN. PUJA La Puja es una etapa o un estado único del Proceso de Subasta Inversa, en el cual los oferentes compiten por el envío de la oferta económica más baja o de mejor costo según las preferencias. En el día y hora señalados en la convocatoria, se realizará la puja hacia la baja, a través del Sistema oficial de Contratación del Estado "SOCE", el mismo que se encuentra dentro del Portal Institucional SERCOP. Participarán en la puja únicamente los proveedores que hayan cumplido las especificaciones técnicas y hayan enviado su oferta económica inicial. NEGOCIACIÓN

Tomando como referencia la regulación establecida en la Ley de Contratos del Sector Público, el presente estudio analiza las reglas y requisitos jurídicos que los poderes adjudicadores deben observar a la hora de valorar las ofertas presentadas por los licitadores en los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos y determinar cuál es la propuesta contractual que han de escoger en cada caso. El análisis se centra especialmente en el sentido de esas reglas y en los más importantes problemas prácticos que las mismas plantean.

Las ventajas que nos concede la aplicación “integral” y no parcelada de la transparencia en nuestros procesos de adquisiciones públicas están más que comprobados, existiendo experiencias reales de aquello. No obstante, todavía hay quienes limitan a este concepto situándolo como un instrumento pasivo y de sólo cumplimiento del buen trabajo, sin darse cuenta que es una predisposición conductual al control, y un inicio de la medición de las actuaciones que tiende a obligar explicar comportamientos. El día que lo vislumbremos así, podremos disfrutar de los verdaderos beneficios de una transparencia efectiva y sin excepciones.

"Las Entidades, de por sí, cuando compran en el mercado lo hacen en grandes cantidades, de ahí ya están obteniendo un ahorro importante; sin embargo, si varias Entidades comprarán el  mismo bien, sin duda el ahorro sería mucho mayor. Ahora, poner de acuerdo a las Entidades no resulta tan complicado como sí lo es juntar a un número indeterminado de personas"

En nuestro artículo abordamos la relevancia que presenta la contratación del sector público para la economía y la importancia que tiene la transparencia pública para evitar la corrupción y la ineficiencia de las instituciones públicas. En la actualidad encontramos dos leyes diferentes con normas sobre transparencia que pueden resultar de aplicación a la contratación pública, en los siguientes folios delimitaremos las normas contenidas en cada ley y en que supuestos debe acudirse a cada una de ellas.

El presente trabajo tiene como fin analizar el estado actual en cuanto a los parámetros o sistemas de integridad de una institución como es el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador, entidad rectora en materia de compras públicas. Una vez revisada su normativa y políticas públicas referentes a esta temática se encuentran varias falencias que revelan la no existencia de un sistema completo u holístico para efectos de garantizar la integridad en sus diferentes procesos, por lo que se formula la propuesta del Sistema de Integridad del Servicio Nacional de Contratación Pública como una solución que permita de manera actual evitar el cometimiento de conductas poco éticas y promover una cultura de cumplimiento y de integridad.

En este artículo se analiza la figura del programa de cumplimiento empresarial o compliance como herramienta para prevenir la corrupción en el ámbito de la contratación pública. En primer término, se revisa la irrupción y el encaje de la figura en el ámbito del Derecho público a partir de su incorporación a los ordenamientos estadounidense y europeo. En segundo término, se analiza su implantación y evolución en distintas legislaciones latinoamericanas, prestando especial atención a los sistemas de contratación pública en los que goza de mayor desarrollo, como el brasileño y el colombiano.

A obra que agora se publica responde a um duplo objectivo. Por um lado, ela serve de principal suporte para a Unidade Curricular de Direito da Contratação Pública, leccionada na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. O seu objecto fica, portanto, delimitado em razão do teor dessa Unidade Curricular, incidindo sobre o sub-ramo do Direito Administrativo que disciplina os procedimentos de formação de contratos públicos. Essa primeira vertente justifica que a obra inclua elementos teóricos necessários para a aprendizagem por estudantes de um curso jurídico.
Todavia, a investigação científica não pode deixar de cumprir o dever de responder às necessidades da comunidade em que se insere. Sob esse segundo plano, é sabido que os sistemas europeu e português de contratação pública vêm ganhando uma crescente complexidade que dificulta a actuação de todos os operadores jurídicos, públicos ou privados, que intervêm sobre um procedimento de formação de um contrato público. Essa complexidade seguramente tem de preocupar todos os que têm presente o impacto decisivo que a actividade contratual pública apresenta sobre o funcionamento do contemporâneo Estado social de Direito. Da correcta preparação de contratos públicos depende boa parte da capacidade que o Estado venha a revelar para satisfazer as necessidades públicas. Por isso se considera imperioso dar correcta formação a todos quantos participam em procedimentos que se destinam a aliar o respeito pelos princípios da igualdade e da concorrência à satisfação de necessidades colectivas através da formação de contratos públicos.
É este o motivo para a segunda vertente desta obra, que não pode deixar de incorporar os elementos necessários para apoiar a actividade de todas as entidades adjudicantes e todos os operadores económicos que participam em procedimentos de contratação pública. O seu propósito, neste segundo plano, consiste em servir de auxiliar para a actividade prática e para a satisfação das necessidades reais de todos os participantes num procedimento.
Sem essa capacidade de aliar as necessidades científicas dos estudantes de uma Faculdade de Direito e as necessidades práticas dos operadores jurídicos no mercado – muitos deles provenientes de outras áreas de actividade e que podem não ter formação jurídica –, uma obra que incide sobre a contratação pública não teria utilidade para a comunidade em que se insere.

Prometea Compras es un sistema de inteligencia artificial desarrollada por el Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires (IALab), en conjunto con el Ministerio Público Fiscal (MPF), que combina asistencia inteligente y automatización, y fue entrenada para la automatización de pliegos en los procesos de Contratación Pública. Con Prometea Compras, un pliego se realiza en ​ 4 minutos​ , ​ 25 clics​ y con la apertura de una única ventana (pantalla integrada).
Esta es una pequeña guía para que las organizaciones públicas automaticen sus procesos y tareas burocráticas, optimizando y simplificando la gestión estatal.

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Os graves problemas criados na Revisão do Código dos Contratos Públicos aprovada em 2017 levaram a que se iniciasse, logo entre o final de 2018 e o início de 2019, um trabalho de reponderação das suas medidas e de preparação de uma nova Revisão legislativa. Esta Revisão era concebida como sendo limitada e focada na reversão dos equívocos anteriores, sem prejuízo de poder ser acompanhada por algum afinamento adicional de outros aspectos do Código.
Todavia, esse propósito legislativo viria a ser afectado por um acontecimento imprevisível, resultante da pandemia causada pela COVID-19, que trouxe uma crise económica de dimensões ainda hoje não mensuráveis, podendo vir a produzir no plano sócio-económico um impacto não inferior ao ocorrido no plano sanitário.
Por esse motivo, no final da Primavera de 2020, o primeiro grande pilar da Revisão, que vinha sendo preparado durante cerca de 18 meses, passou a ser acompanhado – e até ultrapassado – por um novo (segundo) propósito legislativo: o de simplificar a realização da despesa pública e eliminar uma parte da carga burocrática que é associada a um procedimento concorrencial e aberto à competição do mercado. Embora se compreenda que estas novas medidas resultem da pressão causada por um acontecimento de gravidade extrema na História contemporânea, a falta de ponderação envolvida nalgumas das soluções aprovadas pode produzir um impacto negativo que dilui os efeitos – os quais são, apesar de tudo, inegavelmente positivos – da correcção de alguns dos equívocos da Revisão anterior, a que agora se procedeu.

En un mundo donde la revolución digital está cambiando radicalmente todo, con un Estado atravesando un proceso de profunda modernización administrativa, aparece un nuevo concepto de contratación pública. El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los procesos de adquisición trasciende lo instrumental y provoca un cambio sustancial que me permite hablar de una verdadera transformación, profunda y veloz. Hace poco tiempo describía con asombro el avance de la contratación pública hacia el mundo digital, hablaba del desarrollo de plataformas virtuales específicas e integradas, que dan curso al procedimiento de contratación. Sin embargo, la aceleración de la revolución digital deja atrás esa realidad, y nos hace testigos de otros cambios, que nos vuelven a despertar asombro y nos dejan expectantes de lo que pueda sobrevenir mañana. Las innovaciones más recientes, como las cadenas de bloques (blockchain) y el uso de la inteligencia artificial (IA), aplicadas a la contratación pública, revelan efectos superadores y disruptivos. En este trabajo intentaré sintetizar esta transformación de la que hablo, dividiendo el proceso evolutivo de la contratación pública en tres grandes etapas: 1) la contratación en papel, 2) la contratación digital, 3) la contratación inteligente.

El libro colectivo, Contratación pública global: Visiones comparadas, es fruto de la colaboración de más de veinte profesoras y profesores de distintas universidades de Reino Unido, España, México, Colombia, Perú, Brasil y Chile.

El Derecho comparado permite analizar los principales aspectos de la Contratación pública, para lo cual se han ordenado seis grandes secciones de análisis: I. Contratación pública internacional; II, Competencia y contratación pública; III. Contratación pública y colaboración público-privada; IV. Contratación pública verde e innovación; V: Integridad y transparencia en la contratación pública; y, VI: Remedios en la contratación pública.

La contratación pública representa cerca del 12% del producto interno bruto en los países miembros de la OCDE, lo que prueba su importancia en el desarrollo de las políticas públicas, especialmente para alcanzar objetivos estratégicos, que trasunten en una mayor relación precio-calidad de los bienes, servicios y obras que contrata el Estado, dentro de un marco de respeto de los derechos de los ciudadanos con especial cuidado en la integridad del proceso de contratación. Para esto se requieren herramientas jurídicas que promuevan la transparencia, la publicidad, la competencia, recursos procesales rápidos y eficaces, todo ello con el fin de garantizar la igualdad entre los licitantes y contratantes, y la correcta utilización de los recursos gubernamentales, para satisfacer las necesidades públicas.

Este libro colectivo pretende contribuir al estudio y difusión de esta rama del Derecho público, desde enfoques nacionales, supranacionales e internacionales, considerando distintas ópticas sectoriales de desarrollo, con el fin de enriquecer la doctrina y práctica de esta disciplina, la que adquiere día a día mayor autonomía, por su relevancia multidimensional y estratégica para los Estados y los ciudadanos.

Art. 176 Codice dei contratti pubblici 1426 176. Cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempi-mento e subentro [1] Fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela, la concessione può cessare, in particolare, quando (1): a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80; b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell'Unione europea come accertato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul fun-zionamento dell'Unione europea; c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 175, comma 8. [2] Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. [3] Nel caso in cui l'annullamento d'ufficio dipenda da vizio non imputa-bile al concessionario si applica il comma 4. [4] Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della ammi-nistrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario: a) il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario; b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione, ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse (2); c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero, nel caso in cui l'opera abbia superato la fase di collaudo, del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario allegato alla concessione per gli anni residui di gestione (3). [5] Le somme di cui al comma 4 e al comma 7 sono destinate priorita-riamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 185, limitatamente alle obbli-gazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti (4). [5-bis] Senza pregiudizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per inadempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di proseguire nella gestione ordinaria dell'opera, incassandone i ricavi da essa derivanti, sino all'effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti improcrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di finanziamento dei correlati costi (5). [6] L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.

El presente trabajo tiene por objeto analizar, en términos generales, el régimen de las sanciones contractuales en los contratos administrativos en Chile, dando cuenta de los aspectos críticos más relevantes. El estudio sostiene que tanto la regulación de las sanciones en las bases y contratos administrativos, así como su aplicación, atendido su carácter de acto administrativo desfavorable, debe observar un régimen jurídico de Derecho público, por lo que cabe aplicar una serie de principios, derechos y garantías de ese orden, como contradictoriedad, proporcionalidad, motivación e impugnabilidad.

SUMARIO: l. INTRODUCCIÓN . 1. ÁMBITO SUBJETIVO. 1) Fundamento de su ampliación: un mercado único europeo y lucha contra corrupción. 2) Tipología de entes sujetos. A) Administración Pública. B) Poderes adjudicadores que no son Administración Pública. C) Entes del sector público que no son poder adjudicador. 111. ÁMBITO OBJETIVO. 1) Noción de contratos administrativos. 2) Noción y régimen jurídico de los contratos privados. A) Cont ratos privados que celebren las Administraciones Públicas. B) Contratos privados de entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de Administraciones Públicas. C) Contratos que celebren las entidades del sector público que no posean la condición de poder adjudicador. 3) Los contratos sujetos a una regulación armonizada por la Unión Europea. A) Delimitación general. 8) Homogenización de los contratos sujetos a regulación armonizada. 4) Negocios y contratos excluidos. IV. BIBLIOGRAFÍA.

ISBN 9788491698944

"This book offers annotated translations of documents touching on Dutch admiral Cornelis Matelieff de Jonge and his voyage to Asia between 1605 and 1608. These translations are aimed at a contemporary English-speaking Asian readership interested in the early modern history of European trade, warfare and expansion in Southeast Asia with a focus on Malaysia, Singapore, and Indonesia. Researchers specialising in early European colonialism, international law, international relations, security studies, and diplomatic history will also find that the documents translated in this volume offer new and unfamiliar perspectives. Materlieff’s business acumen, military and diplomataic prowess as well as his vision of empire all have implications for examining not only European expansion into Southeast Asia, but also into other regions at large, including especially south Asia, Africa and the Americas.
Admiral Matelieff was a director of the Rotterdam Chamber of the Dutch East India Company (VOC) formed in 1602. He was appointed fleet commander on one of the company’s first voyages to Asia. Matelieff’s mission was both commercial and military: he launched a major sea-borne attack on the Portuguese colony of Melaka, arranged for the signing of treaties with the rulers of Johor, Aceh and Ternate, and founded the first Dutch fort on the island of Ternate. His endeavours, however, to open the Chinese market for the Dutch company proved unsuccessful.
Following his return to the Dutch Republic in September 1608, Matelieff penned a series of memorials and letters. In these he advanced recommendations for changing the way the company organized its fleets and conducted business. More importantly he offered  his Dutch contemporaries a vision of empire in Asia. The materials contained in this volume offer important observations of a perceptive analyst who was also determined to grasp the political and economic structures of Asia, and also of inter-state relations in across this vast region. At a time of Spanish, Portuguese, Dutch, Danish, French and English engagement in Southeast Asia, Matelieff sought to critically assess and strategize on the ways in which Europeans were increasingly engaging with Asian polities and their rulers.

This book will be released for sale in Australasia and Europe in June 2014 and available in the Americas after September 2014
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Erick Vargas Guevara fue coeditor de la publicación, como Director de la Comisión de Contenido de THĒMIS y Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho (pp. 4, 7, 8 y 325).

Erick Vargas Guevara colaboró en el artículo de Diego Zegarra Valdivia "La participación de los privados en la actividad de supervisión en el sector eléctrico peruano: breve aproximación a su estudio".

Primera edición: Julio 2016.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú: 2000-0958.
ISSN: 1810-9934 (Impreso).
ISSN: 2410-9592 (En línea).
Registro de Proyecto Editorial: 31501011600806.
THĒMIS-Revista de Derecho 69. 2016.
Año LI - Número 69.

Livro em formato electrónico que cobre as principais áreas do Direito afectadas pela ampla legislação de resposta à COVID-19.
Com organização dos Dr. Miguel Osório de Castro e Inês Godinho, são abrangidos: Contratação Pública, Execução de Contratos (privados ou públicos), alteração de circunstâncias, Direito Penal Concorrência, prazos processuais.
Participo com o artigo que cobre a legislação que criou as medidas excepcionais de contratação pública.

Índice:
IMPACTO DAS MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NO CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS
Miguel Osório de Castro

O REGIME DO ARRENDAMENTO
Luís Menezes Leitão

COVID-19 E A ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
Manuel Carneiro da Frada

MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Pedro Fernández Sánchez

COVID-19 E O (IR)REGULAR FUNCIONAMENTO DAS SOCIEDADES
Jorge Coutinho de Abreu

O CONTEXTO ECONÓMICO
Francisca G.Oliveira

COVID 19 E O DIREITO DA CONCORRÊNCIA
Nuno C. Marques

COVID-19 E O DIREITO PENAL
Alexandra Vilela

COVID-19 E PRAZOS PROCESSUAIS
Luís Salabert

TECNOLOGIAS E IA EM TEMPOS DE EMERGÊNCIA
Cláudio Flores

Codice dei contratti pubblici 26 e) "enti aggiudicatori", ai fini della disciplina di cui alla: 1) parte II del presente codice, gli enti che: 1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attività di cui agli articoli da 115 a 121; 1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici né imprese pubbliche, esercitano una o più attività tra quelle di cui agli articoli da 115 a 121 e operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente; 2) parte III del presente codice, gli enti che svolgono una delle attività di cui all'allegato II ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attività, quali: 2.1 le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o più di tali soggetti; 2.2 le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma; 2.3 gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell'esercizio di una o più delle attività di cui all'allegato II. gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicità e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono "enti aggiudicatori" ai sensi del presente punto 2.3; f) "soggetti aggiudicatori", ai soli fini delle parti IV e V le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonché i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate parti IV e V (1); g) "altri soggetti aggiudicatori", i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice; h) "joint venture", l'associazione tra due o più enti, finalizzata all'attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria; i) "centrale di committenza", un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie; l) "attività di centralizzazione delle committenze", le attività svolte su base permanente riguardanti: 1) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; 2) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti; m) "attività di committenza ausiliarie", le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;

Este trabajo analiza los supuestos generadores de responsabilidad administrativa contenidos en el artículo 166 de la Ley de Contrataciones Públicas de Venezuela, desde la perspectiva de los sujetos susceptibles a la determinación de tal responsabilidad. Para ello, los supuestos de responsabilidad administrativa se dividen en cinco grupos, a saber: (i) aquellos aplicables a la unidad usuaria, (ii) aquellos aplicables a la unidad contratante, (iii) aquellos aplicables al personal que participa en las distintas etapas del procedimiento de contratación pública, (iv) aquellos aplicables a funcionarios pertenecientes al Registro Nacional de Contratistas, y (v) aquellos aplicables a la máxima autoridad del contratante.

Resumo: O presente trabalho analisa o critério de desempate em licitações/contratações públicas nos ordenamentos jurídicos português e brasileiro. A abordagem considera o novo contexto em que se inserem as contratações públicas, em que o poder de compra da Administração deve ser utilizado como mecanismo de promoção de valores socialmente relevantes. Na análise subsequente, enquadra-se a discussão do tema à luz da novel Diretiva 2014/24/UE relativa aos contratos públicos, e propõem-se possíveis soluções para as lacunas identificadas na legislação portuguesa. Palavras-chave: Direito administrativo; Contratação Pública; Licitação e Concurso; Critério de desempate; Margem de preferência. Abstract: The present paper analyzes the tie breaker criteria in public tenders in the Portuguese and Brazilian legal systems. This approach considers the new context in which Public Procurement operates, where the Administration's purchasing power must be used as a promotional mechanism of socially significant values. In the ensuing analysis, the discussion is framed in light of the new Directive 2014/24/EU on public procurement, and some possible solutions to the shortcomings identified in the Portuguese national legislation are rendered.

El trabajo esboza una primera valoración de la regulación de los modificados contractuales introducida por Ley española 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. La norma, si bien introduce un régimen más flexible que el previsto en el ya derogado Real decreto legislativo 3/2011, en más de una ocasión matiza la disciplina establecida en la Directiva sobre contratación pública

Este trabajo reflexiona sobre la situación de la contratación pública y las posibles medidas para corregir adecuadamente los problemas de opacidad y corrupción en la contratación pública en España.

This paper reflects on the situation of public procurement, and possible measures to adequately correct the problems of opacity and corruption in public procurement in Spain.

Contratos Gobierno a Gobierno ¿Constituye un mecanismo eficiente de ejecución de infraestructura? Los acuerdos Gobierno a Gobierno, conocidos como G2G, vienen generando-desde la realización de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019-una alta expectativa en la población para la ejecución de obras de infraestructura, debido a la celeridad con la que se realizaron. Este hecho ha sido aprovechado por el Gobierno para impulsar obras de infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos a través de este mecanismo. En el presente artículo buscamos analizar si resulta eficiente el uso de este mecanismo en cualquier tipo de servicio público que requiera de infraestructura, o si su uso debería responder, más bien, a determinados criterios que permitan compaginar la sanidad de las finanzas públicas con que se asegure la prestación efectiva del servicio público a través de una gestión y operación adecuadas, en la que se consideren los riesgos asociados.

Es menester manifestar que se a visualizado mejoría en lo que corresponde a la administración de justicia ecuatoriana, al punto de que ésta ha sido mencionada a nivel mundial como una de las más verticales, inclusive se la ha llegado a determinar como un ejemplo latinoamericano no sólo por lo moderno de sus leyes, sino también por lo capacitado de su personal que administra justicia y lo vanguardista de su posición frente a la lucha en contra de la corrupción.

En materia de contratación pública, las prórrogas o suspensiones, son figuras que tienen por objetivo ampliar el plazo de ejecución de un contrato, y proceden siempre que exista la motivación de precautelar el interés social que persiguen dichos contratos o en su defecto mantener el equilibrio económico-financiero del mismo, la falta de aplicación (o uso incorrecto) de las mismas, podría generar perjuicios para el contratista, multas, controversias e inclusive la terminación forzosa del contrato, además de las responsabilidades que establezca la Contraloría General del Estado contra los funcionarios actuantes.