Sobre la criminalización de los cárteles económicos en España.

Alvaro Mendo

Sobre la criminalización de los cárteles económicos en España.

2015, ARANZADI

Abstract

For this study which has been based on a more or less accepted view of price fixing, we analyze whether the behaviors normally considered as such may or may not constitute an offense under the present criminal code, for example: the offense of altering prices in competitions and public auctions, the crime of creating a deficiency of essential commodities in order to alter prices, the crime of personal or operational alteration of crime rates. They also establish a future progression of deliberations about the criminalization of companies that price fix. Along this same line we will have to examine whether it is necessary or not to prosecute companies that price fix, whether or not to establish specific criminal penalties as regulatory guidelines in the future are proposed. In any case, future regulation should not be over looked.

¿Con factura o sin factura? No consiste solo en un eslogan de la Agencia Tributaria; sino que la confesión de haber pagado “sin factura” amenazó con convertirse en un tema central de la campaña electoral española del año pasado al ser requeridos directamente los candidatos Pablo Iglesias y Albert Rivera; y supone un dilema al que se habrán tenido que enfrentar (seguramente) tanto quienes leen estas líneas como quien las suscribe. Pagar a la empleada doméstica sin factura o al albañil que nos remoza la terraza suponen comportamientos poco éticos con respecto a la sociedad en la que nos toca vivir, puesto que de nuestro ahorro se descuentan servicios sociales, educación, sanidad, etc. Sin embargo, no tienen comparación con el agujero que suponen para las arcas públicas: las mordidas por la concesiones de obras o proyectos públicos; la financiación ilegal de los partidos; el blanqueo de capitales por parte de empresas y políticos; los modelos clientelares y pseudo-mafiosos con los que algunos gobiernos pervierten el sistema democrático corrompiendo y secuestrando en la práctica las instituciones; o la aceptación de dádivas de empresarios para el enriquecimiento particular a cambio de legislaciones más favorables de algunos intereses económicos y en detrimento de los intereses generales del país; entre otras prácticas anti-éticas, anti-sociales y corruptas. Hace muy poco, sobre todo cuando en España “se ataban los perros con longanizas” (a mediados de la década pasada), mirábamos por encima del hombro a nuestros “fratelli” italianos. En aquella época del (más tarde frustrado) “sorpasso” nos regocijábamos de las tropelías y corruptelas del “latin lover” Silvio Berlusconi, que para nuestro asombro se las arregló para ser elegido Primer Ministro hasta en cuatro ocasiones durante tres periodos diferentes. Nos mofábamos de la paja en ojo ajeno, pero no advertíamos la viga en el nuestro . El resto de la historia ya la conocemos. Llegó la crisis y nos dimos de bruces con la realidad. La tarta a repartir fue mucho más pequeña, muchos no podían ya vivir como lo venían haciendo y en ocasiones no había ya pastel para todos. Entonces caímos en la cuenta. Nos dejó de hacer gracia observar como el vecino evadía impuestos o utilizaba recursos públicos en beneficio particular. Nos dimos de bruces con la realidad: éramos más o menos igual de corruptos que aquellos a quienes atribuíamos el magisterio en el arte de la picaresca. La agudización de los efectos de la crisis económica en España y el descrédito de sus instituciones y de la clase política vienen alimentando durante los últimos años una visibilidad mediática de la corrupción inusitada hasta la fecha. El empacho de corrupción, que afecta por igual a diferentes partidos políticos y a la Corona, resulta insoportable: los casos Nóos, Rato-Bankia, Pujol, Púnica, Taula, Gürtel, Bárcenas, o los ERE, entre otros, suponen la punta del iceberg con la que venimos desayunando cada día de este 2016. De hecho, durante todo el ejercicio los sucesivos barómetros del Centro de Estudios Sociológicos han venido indicando, que casi la mitad de los españoles señalaba la corrupción como el segundo problema del país, solo por detrás del desempleo. ¿Pero esta inusitada visibilidad mediática de la corrupción en España, supone que sea un país más corrupto hoy que hace dos décadas?; ¿Cuáles son los comportamientos constitutivos de corrupción política y empresarial más frecuentes en la España actual?; ¿Cómo podemos medir la corrupción?; ¿Existe alguna diferencia intrínseca entre nuestra corrupción y la internacional? ¿En clave comparada, somos más o menos corruptos que los países de nuestro entorno?; ¿Optamos acaso a la medalla de oro olímpica en corrupción en 2016? El presente informe del OBS pretende arrojar luz sobre estas y otras cuestiones, ahondando en los factores explicativos y realizando humildemente algunas propuestas, que pudieran ayudar a mitigar este cáncer que amenaza con gangrenar el crecimiento y el futuro del país.

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