TRANSPARENCIA Y APERTURA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE MÉXICO

Este trabajo forma parte de una investigación sobre discurso político en México iniciada en 2008. El 10 de marzo de 2010 la Cámara de Diputados mexicana presenció un debate histórico, no tanto por los temas en discusión, sino por el conjunto de insultos, ataques y otras formas de enfrentamientos entre un elevado número de diputados de los tres grupos mayoritarios, comportamientos de los que no quedaron excluidos los representantes de otras agrupaciones menores. Entre los calificativos intercambiados figuran “gays” “perversos”, “asesinos”,” borrachos”,” espurios”, y otros. Además se arrojaron monedas desde una y otra banca; hubo gritos, chiflidos, aullidos y manoteos. La sesión estaba convocada para analizar temas rutinarios; uno de ellos un acuerdo previamente firmado en comisiones entre los sectores de dos partidos políticos sobre la distribución de subsidios a los municipios destinados a la seguridad. Fue en la discusión de ese acuerdo donde estalló el conflicto y se produjo el intercambio comunicativo (Chilton y Schäffner 2008, Blas Arroyo 2001) que aquí se estudia, con el propósito de describir sus estrategias verbales (Austin, 1962) y no verbales (Guiraud 1999, Knapp 2005) y ofrecer una aproximación a las características del discurso político mexicano.

FORO INTERNACIONAL / El Colegio de Mexico, 2000

Resulta prácticamente imposible ubicar dentro del debate político contemporáneo sobre México alguna discusión o análisis en el que el papel del gobierno y de su administración no ocupen un lugar central. Esta nueva "centralidad" de lo político-administrativo no es producto, lamentablemente, del impacto de la comunidad académica dedicada a estos temas, ni mucho menos. Se trata, en realidad, de lo que bien podría denominarse como la inevitable búsqueda de nuevas explicaciones a fenómenos viejos que ya no pueden ser atendidos exclusivamente desde una perspectiva puramente política. Es decir, una vez que las diferentes vertientes del cambio político han ido cubriendo las fases de consolidación institucional, tales como la celebración regular de elecciones transparentes y el abandono de mecanismos extra-legales para la obtención del poder, ha sido necesario poner la mirada en otros aspectos y fenómenos anteriormente considerados como poco substanciales a la construcción de gobiernos democráticos o que, en el mejor de los casos, debían esperar a una primera modificación de "las reglas del juego" del Sistema Político Mexicano 1 .

*Artículo 1.-GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Nadie podrá ser penado sino en virtud de un proceso previamente tramitado con arreglo a este Código, ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución Provincial; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias. Esta última prohibición no comprende los casos en que no se hubiere iniciado el proceso anterior o se hubiere suspendido en razón de un obstáculo formal el ejercicio de la acción. El proceso no podrá durar más de dos años, pero si concurrieren las circunstancias previstas en la última parte del Artículo 337, el plazo podrá extenderse hasta un año más, previo el trámite legal previsto en el Artículo 283, inc. 4º.

Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto, 2019

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOSPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOSPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOSPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOSPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOSPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOSPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOSPODER EJECUTIVO DEL ESTADO DECRETO NÚMERO 83.-POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

Teoría y Realidad Constitucional, 2024

Los periodistas y los medios de comunicación tienen una posición preferente en el acceso a las fuentes informativas. Se trata de una actuación que se enmarca en la fase de preparación de las noticias, por lo que forma parte del contenido esencial de la libertad de información. Este acceso tiene una especial proyección sobre las Cortes Generales por el interés y relevancia pública de su actividad, por lo que este artículo centra su atención en los criterios de acreditación y permanencia de estos profesionales en sede parlamentaria. Para ello, se examina la jurisprudencia del Tribunal Constitucional relacionada con la labor informativa en las dependencias de los poderes públicos, así como la regulación contenida en los reglamentos y la práctica habitual de las Cámaras parlamentarias. El análisis jurisprudencial permite sostener que las credenciales de prensa deben servir al favorecimiento de la posición preferente que ostentan los periodistas. Por este motivo, los condicionamientos para su obtención se deben limitar a razones organizativas o porque se carezca de una vinculación a medios de comunicación institucionalizados. A su vez, el mantenimiento del orden y el respeto a los derechos fundamentales puede constituir un límite a su ejercicio profesional dentro de las Cámaras, restringiendo la presencia en las ubicaciones que no estén destinadas a una finalidad informativa, o la captación de imágenes que puedan transgredir la intimidad y el secreto de las comunicaciones de los parlamentarios. En todo caso, cualquier reacción ante la conculcación de las normas en el recinto parlamentario, debería quedar reducida a respuestas perentorias fruto de la función de policía atribuida a órganos de las Cámaras, sin perjuicio de la incoación de ulteriores procedimientos sancionadores que deben guardar todas las garantías. Con todo, las Cámaras no disponen de una norma de desarrollo del reglamento que tenga alcance general para toda la actividad informativa y que dé respaldo jurídico a la administración parlamentaria. En su defecto, se aplican unos criterios en materia de acreditación y permanencia de los periodistas que parecen inspirados en la jurisprudencia constitucional, pero que se exceden en algunos de sus términos, mientras que en otros, son poco concretos u omiten completamente los procedimientos y las garantías que debería tener el acceso de los periodistas.

Revista de Gestión Pública, 2017

RESUMEN El gobierno abierto supone la existencia de una infraestructura tecnológica y la existencia de un gobierno y una sociedad con suficientes capacidades y habilidades digitales. Sin embargo, los datos disponibles para el sureste mexicano muestran déficits importantes en ambas dimensiones. Este artículo analiza si es posible desarrollar iniciativas de gobierno abierto en entornos que no presentan estas características. Tomando como estudio de caso la iniciativa local de Veracruz, en este artículo se presentan los resultados de la experiencia municipal de gobierno abierto y sus obligaciones de transparencia. Se concluye que es necesario considerar los marcos normativos y los compromisos en estos contextos, y promover ajustes e innovaciones para la apertura de los gobiernos en ámbitos con bajos recursos de conectividad./ Open government assumes the existence of a technological infrastructure and the existence of a government and a society with sufficient digital capacities and abilities. However, the information available for south-east Mexico shows important deficits in both dimensions. This article analyzes whether it is possible to develop open government initiatives in contexts where these characteristics do not feature. Using the local initiative of Veracruz as a case study, this article presents the results of the municipal experience of open government and its transparency obligations. It is concluded that it is necessary to consider the regulatory frameworks and the commitments in these contexts, and to promote adjustments and innovations for the opening-up of governments in contexts of low connectivity resources.