Egipto comenzó el año 2018 con el anuncio por parte de la recién creada Autoridad Nacional Electoral (ANE) de la convocatoria de las elecciones presidenciales, las terceras desde el estallido de la revolución de enero de 2011 que forzó la renuncia de Hosni Mubarak. Estas tendrían lugar del 26 al 28 de marzo en primera vuelta y los candidatos contarían, oficialmente, con apenas un mes para hacer campaña. Tanto el calendario como las condiciones que debían cumplir aquellos que quisieran competir contra el actual presidente, el militar Abdel Fattah Al Sisi, estaban diseñados para que este pudiera erigirse como la única opción. Y así ocurrió. El 2 de abril la ANE dio a conocer los resultados definitivos que, sin sorpresas, daban como vencedor a Al Sisi con el 97,08% de los votos, prácticamente el mismo porcentaje que el obtenido en 2014 1 . Un 2,92% obtuvo su único contrincante, Musa Mustafa Musa, un político de perfil bajo y presidente del partido Ghad a quien se empujó en el último momento a presentar su candidatura mientras solicitaba avales para la reelección de Al Sisi, de ahí que se le haya denominado "el candidato comparsa". Ante esta victoria más que evidente de Al Sisi, el dato de la participación resultaba lo más relevante de estos comicios teniendo en cuenta, además, que toda la oposición había llamado al boicot. Según los datos oficiales acudió a votar, tanto en territorio egipcio como en el exterior, el 41% del censo, es decir, la participación fue seis puntos menor a la alcanzada en 2014, un 47%. Respecto al porcentaje de votos nulos, este fue del 7,27% -en 2014 fue del 4%-, por lo que se depositaron más votos nulos que a favor del segundo candidato. Según la ANE no se habían presentado reclamaciones ni infracciones significativas por parte de los candidatos, ni tampoco de procedimiento por parte de las 54 organizaciones e instituciones nacionales e internacionales que actuaron como observadoras 2 . Todas ellas fueron seleccionadas por la propia ANE y su observación ha sido más bien simbólica al no cuestionar la legitimidad de los comicios. Entre las extranjeras no se encontraban ni la Unión Europea ni Democracy International -que sí monitorizaron las de 2014-, y entre las nacionales la mayoría eran del ámbito del desarrollo y vinculadas al régimen, o incluso de carácter estatal. La ausencia de impugnaciones resulta sorprendente tras haberse conocido por medios de comunicación locales y extranjeros que la Administración, junto a empresarios afines al régimen, había puesto en marcha todo tipo de maniobras para incitar al voto: desde ampliar una hora la última jornada de votación, hasta amenazar con aplicar la multa de 500 libras a quien no fuera a votar, trasladar a funcionarios hasta los colegios electorales o entregar arroz y aceite a la salida de los lugares de votación 3 . Todas ellas artimañas para legitimar un segundo mandato de Al Sisi hasta 2022 que no son sino el reflejo de una crispación autoritaria que pone en evidencia su fragilidad.