Protocolo de atencion a la embarazada menor de 15 años
ZULMA CONSUELO URREGO MENDOZA
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Abstract
Las investigaciones desarrolladas desde diversas disciplinas sobre el embarazo adolescente, y de manera particular sobre el embarazo en menores de 15 años, explican de muchas formas este evento, establecen sus relaciones con una amplia variedad de determinantes sociales y analizan sus efectos sobre la vida y desarrollo de la mujer, su hijo/a, su pareja, su familia y su entorno. De estas investigaciones se deriva, entre otras cosas, la necesidad de actuar de manera proactiva en varios sentidos: primero, para que el proceso de atención de la menor durante su gestación observe, respete, proteja y eventualmente restituya sus derechos humanos y sus derechos sexuales y reproductivos; segundo, para que el proceso de atención clínica responda de manera integral y coherente a las necesidades físicas particulares de su edad; tercero, que involucre al medio familiar y social de la menor de acuerdo con sus características particulares y sus preferencias; cuarto, para que desde el proceso de atención del embarazo se pueda evitar una nueva gestación no planeada o no deseada. Con estas premisas se definió, desde la cooperación entre el Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Convenio 168 de 2011 y Convenio 036 de 2012), la necesidad de construir el “Protocolo de atención de la menor de 15 años embarazada, como un instrumento para orientar a los prestadores de servicios de salud en la atención integral de este grupo poblacional”. Desde su definición inicial, el Protocolo ha sido sometido a diversas estrategias de consulta y validación con expertos y profesionales de las instituciones de salud, quienes, a partir de su conocimiento científico y de la realidad que viven en sus servicios, hicieron valiosos aportes y reconocieron el alto valor del instrumento para facilitar la tarea de atender a la menor. Es importante anotar que el Protocolo forma parte de una serie de iniciativas y proyectos articulados y tendientes a garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y jóvenes, prevenir el embarazo adolescente, mejorar la calidad de los servicios de salud para las mujeres gestantes y reducir los casos de morbilidad y mortalidad materna evitable. El Protocolo le aporta a todos estos objetivos.
