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Introducción:
Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 2019
El estudio y tratamiento de los beneficios penitenciarios, entendidos como mecanismos liberatorios, como medidas o instrumentos normativos que adelantan la libertad, ha presentado divergencias de opinión en la doctrina científica. Esencial entre las posibles visiones y posturas al respecto, es la cuestión de la naturaleza jurídica atribuida a estas instituciones penitenciarias, esto es, su carácter de derecho, gracia, premio o incentivo. En este trabajo se abordará la naturaleza jurídica actual de tales medidas históricamente premiales, desde el enfoque normativo, doctrinal y jurispru-dencial en los ordenamientos español y peruano.
Los beneficios penitenciarios en el contexto del efectivo ejercicio del derecho a la verdad. El caso de Ernesto Castillo Páez, 2016
El derecho a la verdad consiste en conocer la verdad sobre los hechos o acontecimientos acaecidos por las múltiples formas de violencia estatal y no estatal y se encuentra reconocido de forma implícita en el artículo 3 de la Constitución (STC Exp. N° 02488-2002-HC/TC, caso Villegas Namuche). Para la autora, el derecho a la verdad de conocer el paradero de los restos de Ernesto Castillo Páez fue trasgredido cuando el Segundo Juzgado Penal Nacional concedió beneficio penitenciario de libertad condicional a uno de los implicados en la desaparición forzada del desaparecido Ernesto Castillo Páez. Los argumentos utilizados por la autora para cuestionar la sentencia es que los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales, y que el condenado por haber sido un agente del Estado implicado en la desaparición forzada no debió de habérsele concedido tal beneficio.
2020
Documento de insumo para explicar la posición contraria a la entonces propuesta del gobierno de Piñera de indultar a los criminales de lesa humanidad.
Nuestro ordenamiento normativo regula la ejecución de las penas y el tratamiento legal de las personas internas en los establecimientos penitenciarios a través del Código de Ejecución Penal, aprobado por Decreto Legislativo N° 654, así como por su Reglamento publicado mediante Decreto Supremo N° 015-2003-JUS, cuerpos normativos que definen a los beneficios penitenciarios como estímulos que forman parte del tratamiento progresivo y responden a las exigencias de individualización de la pena, considerando para ello la concurrencia de factores positivos en la evolución del interno, que resulten coadyuvantes a su reeducación y reinserción social. Si bien podemos sostener que la fundamentación jurídica de los beneficios penitenciarios se halla en los principios de reeducación, rehabilitación y resocialización del interno, debe tenerse presente que su otorgamiento requiere el análisis razonado de los factores que la motivan, así como la acreditación de la concurrencia de diversos criterios como la buena conducta, el trabajo y en general, la evolución positiva del interno en el proceso de reinserción, ello a fin de evitar que el beneficio se convierta en una herramienta de vulneración de la ley. En suma, resulta necesario no sólo contar con un escenario legislativo que regule de manera idónea los beneficios penitenciarios, sino principalmente, con operadores que los apliquen de manera razonada, técnicamente aceptable y a los casos correctos. Por otro lado, es sabido que a medida que el tiempo transcurre, las necesidades de la sociedad van variando, por ello, siendo el Derecho un conjunto de normas que regula la conducta humana en sociedad, también se encuentra obligado a ir evolucionando con el transcurso del tiempo, dando paso a nuevos sistemas normativos, como es el caso del sistema acusatorio adoptado en el Nuevo Código Procesal Penal, que implica un cambio sustantivo en el modo en que se aplicará la justicia penal en nuestro país y que ya es irreversible. El sistema acusatorio implantado se caracteriza por instituir una metodología basada en la oralidad como elemento principal del proceso, redefiniendo las funciones de los actores en el sistema de justicia
Paulina Sepúlveda Bazaes Licenciada en Antropología Social Universidad de Chile
2018
Con el animo de fortalecer el cumplimiento de la mision que tiene la universidad como institucion academica, asi como con el proposito de contribuir con las politicas del Estado en materia penitenciaria y carcelaria, se plantea el presente documento producto de un trabajo conjunto con el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Neiva, el cual busca analizar la efectividad y el contexto en el que se han desarrollado los beneficios administrativos y judiciales a los que tienen derecho la poblacion carcelaria, y el impacto de dichos dispositivos en la dinamica penitenciaria y social en contexto. Esto implica un analisis juridico de los beneficios, las solicitudes de sus beneficiarios y la interpretacion y aplicacion por parte de los Jueces. De igual manera se abordara el conocimiento que tienen los reclusos de estos beneficios, el debido proceso en cada una de las etapas de las peticiones y las causas para la concesion o no de los mismos. Es de resaltar que es...
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2021
informe_157_-_sistema_ penal_juvenil.pdf Videra-García, A., & Reigal-Garrido, R. (2013). Autoconcepto físico, percepción de salud y satisfacción vital en una muestra de adolescentes. Anales de Psicología, 29(1), 141-147. Recuperado de http://scielo.isciii.es/pdf/ap/v29n1/psico_evolutiva4.pdf Villalobos, F.H. (2009). Ideación suicida en jóvenes: formulación y validación del modelo integrador explicativo en estudiantes de educación secundaria y superior (Tesis doctoral).
MQRInvestigar
Este artículo examina el uso de la prisión preventiva en el sistema penal peruano mediante una revisión bibliográfica y comparativa. A pesar de su naturaleza excepcional, la prisión preventiva se utiliza con frecuencia en Perú, planteando serias preocupaciones sobre los derechos humanos y las condiciones de detención. A través de un análisis comparativo con otras jurisdicciones, se exploran diferentes enfoques y justificaciones teóricas para la prisión preventiva. En particular, el estudio destaca la importancia de clarificar y fortalecer los criterios para el uso de la prisión preventiva, promover la transparencia y la rendición de cuentas, y fomentar la participación pública y democrática en la toma de decisiones. A partir de propuestas de académicos y políticos, se sugieren diversas reformas, incluyendo cambios en la legislación, mejor formación para los operadores judiciales, y el fomento de medidas alternativas a la prisión preventiva. El análisis concluye que, si bien la prisi...
Foro: Revista de Derecho, 2024
En este artículo se busca explicar la situación jurídica de la población penitenciaria con discapacidad en el Perú. Para ello, se realiza un estudio sobre las personas con discapacidad dentro de la realidad penitenciaria peruana, seguido por el análisis del marco jurídico respectivo, así como los avances y desafíos locales de sus derechos. Se propone mejoras al sistema penitenciario en aras de brindar una mayor accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad e inclusión en los establecimientos carcelarios. Estas mejoras consisten en el trato humano de la vulnerabilidad en reemplazo de la política resocializadora tradicional en tanto fnalidad de la pena y la instauración de juzgados de ejecución penal para el procesamiento de los benefcios penitenciarios. Se emplea una metodología cualitativa con diseño documental y alcance descriptivo. Por último, como principales hallazgos, dada la extrema vulnerabilidad en que vive la población penitenciaria con discapacidad en el Perú, se destaca la necesidad de dotar a la pena de prisión de fundamentos políticos distributivos, facilitando así la alineación con estándares internacionales de derechos humanos que prioricen la reducción de barreras estructurales. En este respecto, es viable la adopción de la política del trato humano y la implementación de juzgados de ejecución penal con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de los reclusos con discapacidad y promover el respeto de sus derechos fundamentales.
RESUMEN La presente investigación busca indagar las razones por las cuales el sistema penitenciario peruano presenta una serie de problemas que impiden que cumplan con su función principal plasmada en la norma jurídica del país: la resocialización del penado a la sociedad. Asimismo, busca indagar las razones por las que estos problemas no han sido solucionados hasta la fecha, a pesar de que estas fallas en el sistema han sido conocidas por décadas. Ya que esta institución presta un enorme servicio a la sociedad, el Estado se encuentra en el deber de velar que se encuentre en un estado que permita cumplir sus objetivos. Entonces, para poder asegurar que el sistema penitenciario sea capaz de resocializar a los penados es necesario implementar medidas de reforma penitenciaria. Para poder demostrar la necesidad de la reforma penitenciaria, la investigación demostrará mediante datos empíricos el estado crítico del sistema penitenciario. Al tratarse de una medida que significaría un gasto económico para el Estado, es necesario que se abra un espacio en la agenda política para que agentes del gobierno y miembros de la sociedad civil manifiesten su parecer. Finalmente, la presente investigación establecerá las medidas necesarias que deben ser implementadas para que la reforma penitenciaria se pueda llevar a cabo y, además, las consecuencias que tendrían tanto dentro de los centros penitenciarios como en la sociedad. Palabras clave: Sistema penitenciario peruano, función resocializadora, hacinamiento, derechos de los prisioneros, reforma penitenciaria, agenda política.
1.The commercial activity and especially of maritime origin in the world is the historical source of finding of economic crimes 2. "The International Economic Crime" can take many nuances and forms, in direct proportion to the positively regulated economic facts. 3. Only one of those nuances or forms is the one that is configured and known as a customs offense in its traditional meaning. 4. The Customs crime in turn assumes, in an order of priority increasingly relative, the tax question as an object of protection. 5. Following the Kyoto and WCO guidelines, customs crime must be more closely related to the concept of FRAUD.
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, No. 50, 2019
2017
Los autores objetan la tendencia expansiva del D. Leg. N° 1296 de restringir el acceso a benefi cios penitenciarios al elevar sus exigencias formales y materiales; asimismo, discrepan con el criterio de aplicación temporal introducido, que no toma en cuenta el principio tempus delicti comissi, según el cual la norma aplicable para conceder el benefi cio es la vigente al momento de la realización del delito, cuando incida en sus presupuestos de confi guración.
Política criminal, 2013
El artículo analiza la política pública de privatización carcelaria, atendiendo al debate sobre los valores institucionales comprometidos y los resultados empíricos obtenidos luego de su implementación. Se abordan los casos de Chile y Estados Unidos, ambos países en que se ha implementado políticas económicas de corte neoliberal asociadas a políticas de expansión penal. A nivel de valores, se sugiere que la privatización carcelaria promueve una alianza comercial contaminada, genera un profundo conflicto de legitimidad y ampara una noción de bien común insostenible. A nivel de resultados, se constata que la privatización de la gestión carcelaria, en cualquiera de sus variantes, ha incumplido con la promesa de aliviar los presupuestos fiscales en materia penal y entregar condiciones dignas de encarcelamiento a la población reclusa. Sin razones empíricas para sustentar su implementación, el artículo concluye apuntando la necesidad de volver hacia un debate ideológico sobre los valores comprometidos con esta manifestación de la penalidad neoliberal.
Cárceles, 2007
En los Estados de Derecho se suele tener como premisa básica una línea de discrecionalidad de la defensa de los bienes jurídicos importantes de la sociedad, sobre la base de la defensa de los derechos fundamentales de la persona, el debido proceso y una serie de garantías constitucionales, todas ellas traducidas en una Política Criminal. Sin embargo, la realidad peruana dista de esta situación, por cuanto ni en el Congreso de la República, ni en las instituciones que administran e importen justicia existe un mecanismo que garantice a la sociedad la defensa de sus derechos como miembros de la sociedad y de sus bienes ni proteja los derechos de aquellas personas que han delinquido. La fragilidad de un sistema vinculado más a un ámbito de actuación populista legislativo, no sólo perjudica a los individuos de la comunidad sino que terminan cuestionando el concepto de Estado democrático y tuitivo de derechos fundamentales.
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