Tutela Judicial Efectiva en sede de protección administrativa

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Las garantías constitucionales en la República Dominicana, específicamente la tutela judicial efectiva y el habeas corpus

2019

El presente trabajo de investigación la dedico a mi padre que siempre ha estado conmigo en todos los tramos de mi vida apoyándome, a mi madre de igual manera por ser una gran persona que me enseño muchos valores morales, en las que recalco y me han servido para mi bien, por otra parte, a mis hermanos, mis tías y mi abuelita que durante toda mi vida estudiantil pusieron en mi toda su confianza y con apoyo incondicional han estado presentes conmigo. Es así como quiero llegar a conseguir mis metas y propósitos.

Tutela judicial efectiva y acciones afirmativas. ¿Deben los jueces suplir las falencias de la Administración Pública cuando se presenten afectaciones palmarias de los derechos elementales de grupos en condiciones de vulnerabilidad?, 2024

Como es sabido, la actividad de los jueces se encuentra determinada por las normas: su jurisdicción se encuentra acotada a un espacio geográfico específico y resultan competentes para entender en materias particulares. En este trabajo nos proponemos reflexionar sobre la tarea judicial. Ahora bien, nos preguntamos si los magistrados pueden intervenir en cuestiones ajenas a su competencia o ámbito de actuación en salvaguarda de derechos fundamentales cuya afectación es inminente y cuyos titulares integran algún grupo de personas en situación de vulnerabilidad.

Revista Digital de Derecho Administrativo

El trabajo plantea que la institucionalidad vigente en materia de justicia administrativa no resuelve adecuadamente las controversias con la Administración pública garantizando los derechos de las personas, lo que ocasiona un trato discriminatorio en el acceso a la justicia y afecta el correcto funcionamiento del Estado de derecho. No existe un mecanismo general que conozca de los litigios en los que es parte la Administración pública o se debatan materias reguladas por el derecho administrativo; en su lugar, han proliferado tribunales administrativos con funciones jurisdiccionales limitadas, justificadas en razones de especialidad. En consecuencia, aún es necesario sentar las bases para un sistema de justicia administrativa que garantice un control jurisdiccional de la Administración pleno e igualitario.

Articles 3 and 18.2 of DL 1033 (LEGISLATIVE DECREE APPROVING THE LAW OF ORGANIZATION AND FUNCTIONS OF THE NATIONAL INSTITUTE FOR THE DEFENSE OF COMPETITION AND THE PROTECTION OF INTELLECTUAL PROPERTY) are norms that have established that the competence to know the processes with the INDECOPI is exclusive of the courts located in the city of Lima, this event generates in itself a barrier of access to justice and therefore an affectation to the right to Effective Jurisdictional Guardianship, since the citizen residing in different regions of the Peru must resort to formulating the lawsuits against INDECOPI to the city of Lima, which causes an additional cost for access to justice, since a person must move from the region where he lives to the city of Lima, assuming the cost that implies, in addition to the transfer is generated additional delay in its judicial process, and, finally, an unjustified advantage is granted to INDECOPI, that as part of the state it has all the advantages of litigating in any part of the country, especially in the places where it has a regional headquarters.

POR: JESUANY ALIAS NAGANO MATRÍCULA: 507619MO0056 TERCER SEMESTRE MÓDULO: DERECHO COMPARADO EN LOS JUICIOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR IMPARTIDO POR: DR. TEÓFILO ABDO KURI TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS; OCTUBRE DE 2020 Introducción Hablar de justicia es hablar de una serie de prerrogativas que se engloban en distintos procesos y procedimientos; en el caso que nos ocupa, el presente trabajo de investigación versa sobre el estudio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos enfocado a los juicios orales en materia familiar.

En el actual contexto de generalizado abuso de la posibilidad de dictar decretos-leyes prevista por el artículo 86 de la Constitución española, es cada vez más frecuente que el Gobierno dé esta forma jurídica a ciertas medidas con la finalidad de dificultar que los interesados puedan impugnarlas ante los Tribunales. En el presente trabajo se analiza la conformidad con la Constitución de esta práctica, así como los cauces que los ciudadanos pueden utilizar para obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legítimos afectados.

2015

Sumario: INTRODUCCIÓN. I.-Antecedentes del derecho a la Tutela Judicial Efectiva. II. Evolución del concepto de tutela judicial efectiva en el Concejo de Estado en sentencias de acciones de Reparación Directa. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. Autores: Amalia Tapias, Daniela Orduz, Slendy Mora.