Validez y eficacia del convenio arbitral en Bolivia

2010

Su eficacia obligatoria Prólogo JUAN FERNÁNDEZ-ARMESTO Primera edición, julio 2010

En la segunda parte nos concentraremos en el análisis de las condiciones de fondo que imponen las leyes arbitrales consideradas. En este aparte nos detendremos, inicialmente en el estudio de lo que hemos denominado las «condiciones de fondo strictu sensu» del convenio arbitral. Las condiciones strictu sensu incluyen los siguientes elementos: (i) la conclusión del contrato y (ii) la arbitrabilidad objetiva del litigio. En la fase final de este estudio dedicaremos un gran espacio al examen de los elementos esenciales del convenio arbitral, los cuales corresponden: (i) a la voluntad de las partes de someter el litigio o los litigios a arbitraje, (ii) a la determinación de las partes del convenio arbitral y (iii) a la determinación del litigio o de los litigios que deben ser dirimidos por el tribunal arbitral.

Participacion Ciudadana Y Desarrollo Local 2014 Isbn 978 476 5237 05 5 Pags 179 188, 2014

International commercial arbitration is an efficient and feasible way of solving international disputes in private law, in Bolivia this field is little exploited so by this article is to analyze the effectiveness of applying the recognition and enforcement of foreign commercial arbitral awards as international conventions signed and ratified by the state, by internal policy and procedural study, to promote the effectiveness of dispute resolution with foreign elements through commercial arbitration also getting the incentive to the practice of this alternative method of resolution litigation and may be approved by courts for your requirement.

2010

El convenio arbitral: su eficacia obligatoria es la primera monografía del Dr. Marco de Benito Llopis-Llombart, un abogado brillante y un universitario profundo, en palabras del Prof. Juan Fernández-Armesto, autor del prólogo. El autor sostiene que el convenio arbitral produce de forma inmediata eficacia material obligatoria (efecto positivo) y que, por el contrario, sólo genera eficacia procesal indirectamente, si se incoa un concreto arbitraje. El convenio arbitral crea, por ello, una regla de conducta basada en un cualificado deber de lealtad a lo pactado, cuya inobservancia genera responsabilidad. El trabajo aborda también el carácter no formal del convenio arbitral, así como el principio de separabilidad. Incluye también un análisis de la declinatoria como cauce procesal para hacer valer la obligación compromisoria (efecto negativo) y del principio de competencia sobre la competencia. El libro ofrece, asimismo, criterios para una valoración crítica del Anteproyecto de Ley de reforma de la Ley de Arbitraje, recientemente aprobado. En palabras del Prof. Fernández-Armesto, el lector encontrará que la monografía del Dr. de Benito es de grata y fácil lectura; afronta la investigación con especial rigor, madurez, valentía y amplitud de miras; llena una laguna importante en nuestros estudios de Derecho del arbitraje; y, en suma, enriquece de verdad el acervo jurídico español.

Doctrina práctica Arbitraje Área 1. Definiciones doctrinarias.-2. Principio Kompetenz-kompetenz.-3. Precedentes jurisdiccionales.-4. Entre la flexibilidad y la formalidad.-5. Los costos de transacción.-6. Propuestas de reforma.-7. Conclusiones.-8. Referencias bibliográficas.

Relaciones Internacionales, 2010

E n el caso de Bolivia, su situación macroeconómica ha permitido que el Estado haya ido reduciendo significativamente la dependencia del financiamiento externo

Revista de arbitraje comercial y de inversiones , 2014

It has raised the question as to whether or not an extraordinary review of judgments in respect of arbitral awards would be positive in the Bolivian legal system. Through this note, the author tries to discuss the feasibility of this extraordinary appeal in Bolivia’s arbitration process. To do this, the author presents certain criteria that, in his opinion, are positive, therefore concluding, that considering implementing this resource in the Bolivian arbitration legislation would be a feasible decision. In this sense, the author proposes changes to the current arbitration legislation, allowing the value of justice prevail over any judicial or extrajudicial decision.

se analiza la ejecutividad del acuerdo de mediación en la legislación española.

www.arbitrajecomercial.com, 2008

El arbitraje tiene la ventaja de llevarse a cabo en única instancia. El único remedio jurídico habilitado legalmente en la Ley 1770 para impugnar el laudo arbitral definitivo, y no interlocutorio, es el llamado Recurso de Anulación. Brian Haderspock* Dicho recurso procede únicamente con la existencia de cualquiera de las nueve causales establecidas en el articulo 63, no pudiendo fundamentar su pretensión sobre otros motivos, debiendo observar obligatoriamente las causales tasada en nuestra Ley No. 1770 (en adelante LAC). Sin embargo, cuando la parte recurrente acude a la compulsa (Art. 65 LAC), y el juez competente rechaza el Recurso de Anulación, si el recurrente verdaderamente siente que se ha vulnerado la garantía al debido proceso (Art. 16.IV C.P.E.) durante el proceso arbitral, entonces, en ese caso, la parte agraviada sí podrá interponer un amparo constitucional. (1) No obstante, debe entenderse que el amparo esta dirigido contra la resolución de la autoridad judicial competente que rechazo el recurso de anulación y no contra el tribunal arbitral. El artículo 63-III de la Ley 1770 tiene como causal de anulación la imposibilidad para ejercer el derecho a la defensa, que implica a su vez toda vulneración al debido proceso como garantía constitucional, por lo tanto, la parte agraviada tendrá derecho a interponer el recurso de anulación del laudo fundamentando su pretensión en la causal citada, por tanto, es deber del juez de partido de turno en lo civil del correspondiente Distrito Judicial (Art. 64-II LAC), quien lo sustanciara conforme al Código Adjetivo Civil, debiendo analizar precautelosamente los hechos que generaron la vulneración a la garantía constitucional del debido proceso y evitar la indefensión del agraviado. Dado que estamos ante derechos y garantías constitucionales, y puesto que su inobservancia atentaría contra la seguridad jurídica y por ende el orden publico nacional, es vital poder gozar de una tutela constitucional que nos garantice el derecho a la defensa y debido proceso. Por lo tanto, nos animamos a afirmar que la vía de amparo, si bien no procede durante el proceso arbitral, esta habilitada y consagrada por la Lex Suprema, y procederá contra toda resolución judicial en general y en particular "contra toda sentencia que resuelva la pretensión de anulación del laudo."(2) "El juicio de Amparo es uno de los pesos y contrapesos que contempla nuestra Constitución para evitar el abuso de poder."(4) Lo que debe quedar claro es que los árbitros no pertenecen al poder público, por lo tanto sus actos no son susceptibles de ser revisados por el amparo constitucional. No olvidemos que los árbitros son particulares nombrados por las partes para que decidan sobre la suerte de sus derechos, por lo tanto, son terceros privados que no pertenecen al poder publico estatal, no son autoridades judiciales, sino, jueces(5) privados que revisten de una jurisdicción arbitral de forma temporal, su juicio cae sobre derechos disponibles que solo afectan a las partes. El amparo procede contra los órganos estatales. El juicio de amparo procede contra toda autoridad estatal responsable por los actos realizados, los cuales hayan ocasionado una vulneración a las garantías constitucionales de las partes. Por ultimo, cabe resaltar un elemento característico de toda autoridad estatal del cual carece el tribunal arbitral: imperium (6). Auto Constitucional 322/2006-RCA: II.2.Del principio de subsidiariedad en el recurso de amparo constitucional(7) El art. 19.IV de la Ley Fundamental, dispone que se: "(...) concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (...)"; tal previsión constitucional, otorga al recurso de amparo constitucional naturaleza subsidiaria, principio que ha sido interpretado por esta jurisdicción constitucional como el agotamiento de todos los medios y vías ordinarias que el interesado en la defensa de sus derechos fundamentales debe agotar, en forma previa a solicitar su protección ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional. En ese sentido, tenemos el Recurso de Anulación del laudo arbitral que, como única vía de impugnación del laudo, es utilizada justamente para revisar la forma en que fue dictado el laudo y así prever que también se hayan respetado los derechos de las partes. Por lo tanto si comparamos la aplicación del Recurso de Anulación con el Amparo Constitucional, vemos que ambos están destinadas a revisar lo mismo: la validez formal del arbitraje.

Legis, 2017

En las últimas décadas, el arbitraje comercial internacional se ha consolidado como un mecanismo generalizado de solución de controversias para resolver los conflictos comerciales transfronterizos en todo el mundo. Su prestigio actual puede ser rastreado principalmente en la era de los años setenta. La pregunta de hoy es, sin embargo, si ciertos vicios pueden poner en peligro su posición … o si un escenario cambiante conducirá a su retirada.