El orden criminal en Latinoamérica

Los actores Los actores implicados en la implicados en la gobernanza criminal gobernanza criminal en América Latina en América Latina, 2021

La evolución de las organizaciones criminales en América Latina ha llevado a muchas de ellas a establecer regímenes de gobernanza criminal en espacios territoriales concretos. El presente trabajo, define un concepto que es cada vez más utilizado, destacando la necesidad de considerar no sólo la relación que los Estados establecen con las organizaciones criminales sino también el vínculo que estas últimas desarrollan con las comunidades sobre las que actúan. Ese vínculo, que puede estar mediado por la coerción y/o la cooptación, termina por generar un régimen criminal legítimo o ilegítimo susceptible de ser explotado como capital político. Sin duda, la debilidad institucional y la impunidad juegan un rol central a la hora de entender la dinámica establecida por las organizaciones criminales en los regímenes de gobernanza criminal.

En realidad no hay un estudio que esté basado en mediciones científicas validas como para poder emitir una respuesta confiable. Hasta donde yo conozco, no hay un análisis hecho con datos duros que me permita decir si hoy hay más o menos corrupción en Nicaragua, Brasil, México, Chile, o cualquier otro país de la región, que la que se tenía hace 5, 15 o 40 años. Desde luego la corrupción hoy en día es un problema serio que sabemos afecta el buen gobierno y a las instituciones democráticas, de eso no hay duda. En ese sentido, responder a la pregunta de si hoy hay más o menos de ella es irrelevante. Lo que sabemos es que hay, y mucha, por lo que debemos redoblar esfuerzos para detenerla. Por paradójico que parezca los frecuentes escándalos de corrupción que publican los medios de comunicación, que replican las redes sociales y de los cuales conversamos y escuchamos constantemente son, en mi opinión, el resultado de años de progreso en la lucha contra la corrupción. Me explico: la corrupción no es un fenómeno nuevo, existe desde hace siglos; sin embargo, no se solía hablar de ella, no era parte del debate público y hasta por lo menos hace 25 años, era una palabra casi prohibida en la agenda internacional de desarrollo. Algunos académicos hablaban de ella y también en algunos círculos del área judicial se lidiaba con el tema, pero no había ningún esfuerzo transnacional, debate o dialogo importante para coordinar y enfrentar el problema. Fue hasta la segunda mitad de los años noventa y durante la primera década de este siglo que se dio un fuerte empuje a la generación de oferta anticorrupción. Es decir, tanto Transparencia Internacional como muchas otras instituciones de la sociedad civil, pero también públicas y privadas, comenzaron a ofrecer medidas para enfrentar el problema. De esta manera surge, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), el primer instrumento de su tipo a escala global que buscaba el acuerdo de países para mejorar los mecanismos de prevención y colaboración entre Estados miembro en las Américas. También aparecen otros tratados internacionales promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD). Además, se crean agencias anticorrupción, se promueve el gobierno electrónico, se crean leyes y mecanismos para mejorar las compras y contrataciones públicas, se exige a funcionarios que declaren sus patrimonios y se mejoran los sistemas de gestión financiera y de compras y de contrataciones públicas, entre muchas otras medidas. Todo esto con el ánimo de disuadir y detectar a los corruptos. Con el incremento del debate y la oferta anticorrupción, surgió la necesidad de fomentar también la demanda anticorrupción. La generación de conciencia y el reconocimiento de que la corrupción nos afecta, que Transparencia Internacional y otros promovieron en los años noventa, ya no era suficiente. Diversas encuestas regionales y nacionales muestran la dimensión y el rechazo social del problema de la corrupción, siendo este fenómeno generalmente uno de los tres principales problemas que los latinoamericanos identifican cuando se les pregunta por los grandes temas nacionales. Es decir, la conciencia ya está bien instalada. Lo que faltaba, y sigue faltando es incrementar la demanda anticorrupción. Esto significa que las ciudadanas y los ciudadanos le damos un valor real a quien combate y rechaza la corrupción, incluidos nosotros mismos. En la práctica esto significa que dejamos de votar en las elecciones por políticos que son conocidos por sus vínculos con la corrupción, que dejamos de comprar bienes o servicios de empresas que hacen negocio gracias a la corrupción, que no justifiquemos los pequeños sobornos a funcionarios y que marginemos socialmente a aquellos que se

El autor examina el probable desarrollo futuro de América Latina considerando variables nacionales e internacionales.

Prisiones, seguridad y justicia, 2019

Este artículo presenta el debate entre dos visiones relativas a la forma de enfrentar el fenómeno criminal. De una parte, aquella que establece que existe en los seres humanos la capacidad de decidir de forma racional su comportamiento y elegir libremente frente a los valores contrastados del delito y su castigo. De otra, la que plantea que el fenómeno delictivo puede tener raíces en situaciones sociales y económicas frente a las cuales es posible actuar corrigiendo anomalías sociales y previniendo el delito antes de que este se cometa. Para la primera de estas visiones, la sanción penal, la cárcel, representa exclusivamente el castigo; para la segunda, es el camino de la rehabilitación y la reinserción social. El artículo muestra que, entre estas dos alternativas, en la mayoría de los países latinoamericanos se ha optado durante las últimas décadas por la primera. En consecuencia, han adoptado políticas públicas de “mano dura”, que enfatizan el castigo por sobre la prevención y la rehabilitación. El artículo busca demostrar que ese camino no ha dado resultados, en relación con el objetivo de disuadir de la conducta delictual. En consecuencia, esa política debe ser modificada.

Criminalidad en Colombia* l. INTRODUCCION Co lombi a ti ene un a tasa de crimin ali dad excepc ionalmente alta. Esta afirmac ión se sostiene al menos para los últimos 20 años y se puede comprobar con las cifras sob re asesi natos en Co lombi a y en otros países. Mientras que en Co lo mbia la tasa de homi c idios f ue de 77.5 por cada 100.000 ha-* Este docu mento se ba sa parc ial mente en ot ros d os (Montenegro, 1994 y Posada, 1994), aunque inc luye el reporte de nueva evidencia empírica.