Departamento de Derecho Público

A partir del desarrollo del Principio de Transparencia y la instalación del Derecho de Acceso a la Información Pública, hemos visto diversos procesos jurisdiccionales que han dibujado la extensión de estos valores jurídicos y los límites con otros derechos fundamentales como el Derecho a la Intimidad, a la Protección de los Datos Personales o a la Inviolabilidad de las Comunicaciones.

Un reciente comunicado del Tribunal Constitucional señalando que acogió un Requerimiento de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad de la Ley 20.285 a los correos institucionales, nos motiva a emprender una reflexión respecto de la colisión del principio de Transparencia con el Derecho a la Privacidad de las Comunicaciones.

La privacidad de los servidores públicos se ha puesto en entredicho con la mayor cantidad de controles públicos que los pondrían en situación desigual frente a otros ciudadanos desde la perspectiva de la protección de los Derechos Humanos.

El Derecho de Acceso a la Información Pública parece ser el tiro de gracia a una intimidad cada vez menos reconocible de los servidores públicos. No debe olvidarse que son éstos, también, sujetos de derechos fundamentales.

Es así que la ponderación de los órganos del Estado se vuelve clave para el resguardo de bienes jurídicos protegidos de tan amplia envergadura.

Expone la dedicación del jurista Dr. Rolando Pantoja Bauzá a la Universidad de Chile, y al concepto de universidad pública a través del último alegato de su vida, como abogado ante el Excmo. Tribunal Constitucional a favor de aplicar la Ley de Transparencia a esta casa de estudios.

El TC es un órgano de control constitucional pero no emite la “interpretación oficial” de la CPR y menos una consideración pétrea de modo que sólo una reforma al Código Político pueda vencerla.

En materia de acceso a la información, publicidad y transparencia, el TC no ha logrado asentar criterios estables en sus fallos, siendo vacilante con su propia jurisprudencia desde 2012, con contradicciones en corto tiempo o argumentaciones sustentadas en precedentes cuya lectura es parcial o tergiversada.

La RC propuesta es necesaria sólo para reconocer explícitamente lo que ya se desprendía de la Constitución, no para innovar en el establecimiento del principio de transparencia, de publicidad o del derecho de acceso a la información pública.

El desafío que propuso la ex presidenta Bachelet sobre un proceso constituyente y la Nueva Constitución prometida en su programa de gobierno hacen que las miradas se dirijan al principal órgano de justicia constitucional que vela por los eventuales límites del poder constituyente derivado. Este trabajo se propone examinar el control constitucional del Tribunal Constitucional sobre la reforma constitucional, revisando la existencia de límites formales o sustanciales, implícitos o explícitos que pudieren ser materias de justiciabilidad constitucional. El control constitucional que realiza el Tribunal Constitucional se encuentra definido en la Carta Fundamental, pero la historia constitucional reciente demuestra que su participación es escasa y no determinante frente a la acción de los cuerpos constituidos en reformadores de la Constitución.

Desde el estudio de casos, advierte el camino recorrido, falencias y elementos críticos del Ministerio de Bienes Nacionales a propósito de ejemplos donde el de acceso a la información pública ha sido determinante y de decisiones del Consejo para la Transparencia en el ejercicio de su contencioso.

Ante el fenómeno de migración que Chile vive, releva el acceso a la información como un derecho cardinal para ejercer otros derechos fundamentales en diversos ámbitos, a la vez que controlar a los órganos que intervienen en el procedimiento de regularización de la situación migratoria.

1 Evaluar en tiempos de Covid-19 La U. de Santiago considera, dentro de las orientaciones pedagógicas de su Modelo Educativo Institucional el que "los docentes deben planificar e implementar el proceso de enseñanza articulando los resultados de aprendizaje con estrategias de enseñanza y situaciones de evaluación coherentes", las que deben "favorecer el desarrollo de los atributos del sello institucional", entre los que se cuenta "demostrar adaptabilidad a las condiciones y características de los diferentes escenarios profesionales o académicos a los que se deba enfrentar". Enseñar en la U. de Santiago no es como enseñar en cualquier institución pues existen decisiones institucionales que vinculan nuestra enseñanza y determinan los aprendizajes de nuestros y nuestras estudiantes. En este sentido, las autoridades centrales y de la Facultad de Derecho han promovido la reflexión en torno a la forma de considerar la docencia frente al estado de calamidad producto de la pandemia por Covid-19, y frente a la urgencia, se han adoptado diversas directrices. En estas notas, se incluyen aquellas tendientes a los procesos de evaluación dentro de las asignaturas que componen el plan de estudios de la carrera de Derecho en la Universidad de Santiago. La evaluación como parte del proceso educativo La U. de Santiago asume el deber de coherencia entre la enseñanza, la evaluación y los saberes que se pretenden. De tal modo, el alineamiento constructivo es imprescindible para favorecer los aprendizajes. La evaluación no debe considerarse de forma aislada respecto de los demás factores, debe responder a decisiones macro y microcurriculares que integren los resultados tridimensionales de aprendizaje (contenidos, procedimientos y valores) y estrategias didácticas que permitan alcanzar dichos resultados para ser medidos a través de instrumentos de evaluación que, a su vez, permiten considerar mecanismos de optimización de nuestra docencia. La evaluación es parte de un ciclo y no el fin de la enseñanza. MEI Plan de Estudios Programa Programación Unidad temática Unidad didáctica Sesión Debe haber coherencia en las decisiones macrocurriculares (desde el MEI hasta el programa de las asignaturas) y microcurriculares (desde la programación a la sesión de clases) y en cada instancia debe considerarse la evaluación de los aprendizajes y de la docencia.

La naturaleza jurídica de las universidades estatales se ha debatido intensamente en la doctrina y en la jurisprudencia, lo que no ha distraído su configuración normativa como servicios públicos descentralizados dotados de autonomía legal. En este trabajo se expresan las principales tensiones doctrinarias, jurisprudenciales y normativas para destacar la necesidad de alinear a las universidades del Estado con el interés general y no corporativo.