Facultad de Comunicación

Este trabajo presenta un análisis jurídico del crimen de guerra de causar incidentalmente daños graves al medio ambiente, en él se desarrollan inicialmente las nociones generales de los crímenes de guerra para posteriormente estudiar los elementos particulares de este delito internacional. Asimismo, muestra ejemplos de conflictos armados en los cuales se han presentado dichos hechos delictivos pese a no haber sido juzgados. Concluye finalmente en la identificación de deficiencias en la tipificación, proponiendo algunas posibles soluciones.

El Estatuto de Roma, en vigor desde el 01 de julio del 2002, es el instrumento que prevé la creación de una Corte Penal Internacional, ante la necesidad de juzgar a quienes cometen delitos contra la comunidad internacional. El Estado peruano al ratificar este instrumento internacional se obligó a adecuar su legislación interna de acuerdo a estas normas internacionales, por ello el Congreso de la República mediante Ley Nº 27837 creó una comisión especial revisora del Código Penal encargada de revisar entre otras cosas, la adecuación a los delitos previstos en el Estatuto de Roma. Esta comisión concluyó la propuesta de adecuación de la legislación nacional al Estatuto, la cual dio mérito al proyecto de Ley Nº 14659/2005-CR que a su vez se recogió en el proyecto de Ley Nº 1707/2007/CR. A pesar de la importancia de este proyecto, consideramos que éste contiene errores sustanciales en la tipificación de los delitos que contradice lo estipulado en el Estatuto de Roma, en especial en los delitos de lesa humanidad; asimismo es posible mejorar el proyecto al incluir normas que hagan factible la materialización de la jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de estos delitos, así como la aplicación del principio aut dedere et aut iudicare y la mejora de la tipificación del delito de genocidio y su instigación. Por otro lado, respecto a los delitos contra el DIH es necesario incluir definiciones del DIH que faciliten su aplicación e interpretación. El proyecto de ley fue presentado en el 2006, sin embargo hasta la actualidad el Parlamento ha postergado su revisión pues al ratificar el estatuto los estados trasladan la competencia a la Corte Penal Internacional, de un modo subsidiario, para juzgar a sus ciudadanos o a extranjeros y con ello se vulneraría la soberanía jurisdiccional del Estado. No obstante esta idea es errada, pues contrariamente a lo que piensan algunos de nuestros parlamentarios, la implementación en lugar de violar la soberanía peruana, la reforzaría y fortalecería la competencia de nuestros jueces para juzgar este tipo de delitos, recordando siempre el principio de subsidiariedad de la Corte.

En la actualidad el Artículo 7 de la Ley General de Salud reconoce el derecho a procrear mediante el uso de técnicas de reproducción asistida. Sin embargo, si tenemos en cuenta que la vida humana inicia desde la concepción, es decir, desde la unión de espermatozoide y óvulo, tal y como es reconocida en la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 2005-2009 y por ende titular del derecho a la vida desde ese momento, debido a su calidad de persona, este referido artículo devendría en constitucional ya que las técnicas de reproducción asistida atentan contra la vida del concebido de modo que no resulta constitucional que se exponga a un riesgo desproporcionado de muerte a los embriones creados, teniendo en cuenta que en el proceso de estas técnicas se transfieren al útero embriones a sabiendas que la mayor parte de ellos no estarán destinados a producir un embarazo, sino a morir.

Además de definir los conceptos básicos y bases históricas de los crímenes internacionales regulados en el Estatuto de Roma el autor se centra principalmente en examinar el modo en que esos crímenes deben ser implementados en la legislación penal peruana; comentando aspectos referidos a la jurisdicción universal, el principio aut dedere aut judicare, los crímenes contra el derecho internacional humanitario, entre otros; tomando como fundamento los diversos cuerpos normativos referidos a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, las Sentencias del Tribunal Constitucional Peruano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia; ofreciendo al usuario una herramienta completa respecto al modo en que estos delitos deben ser regulados en nuestro Código Penal.

Este artículo presenta las relaciones existentes entre el cambio climático y los desplazamientos ambientales, analizando los intentos de protección jurídica que se plantean a nivel internacional (como la aplicación del "Estatuto de Refugiados, los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos, el Estatuto de Apátridas y el asilo"). Igualmente exhibe los intentos de determinación de responsabilidades por los daños ocasionados por el cambio climático, a nivel internacional y estatal, comentando los principales casos en la Corte Internacional de Justicia y la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, así como los Estados Unidos de América, Los países Bajos, Bélgica, Ucrania, Pakistán, Filipinas, Uganda y Perú. Asimismo, recoge las iniciativas referidas a la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, postulando la posibilidad de considerar algunos actos de contaminación como posibles crímenes internacionales. Finalmente, concluye considerando a la jurisdicción estatal como el camino más viable para iniciar litigios climáticos.

En la última década, el Perú ha tenido una de las economías de más rápido desarrollo en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 5.9 % en un contexto de baja inflación. Entre los años 2005 y 2015, 6.5 millones de personas salieron de la pobreza y la pobreza extrema disminuyó de 27.6 % a 9 %. Ello se ha debido en una buena medida gracias a los mayores volúmenes de exportación minera respaldados por una serie de proyectos de gran tamaño que iniciaron su producción o alcanzaron su capacidad total en dicho periodo.

No obstante, la evolución de las llamadas sociedades emergentes, dentro de las cuales podríamos considerar al Perú, están planteando los mismos problemas que tienen las sociedades occidentales postindustriales, las cuales han alcanzado un considerable desarrollo económico hace ya un buen tiempo. Entre los problemas que se han identificado, uno de los principales radica en las graves alteraciones causadas al equilibrio del medio ambiente. Por lo que ante ello, surge la necesaria intervención del Derecho ambiental como principal mecanismo para regular las actividades que podrían afectar al medio ambiente.

En dicho contexto, son de vital importancia las instituciones referidas al daño ambiental, las cuales buscan evitar la alteración significativa del medio ambiente y sus componentes. Siendo indispensable la definición de las mismas y la implementación de los mecanismos que hagan efectiva dicha protección.

La presente investigación, mediante un análisis global de las instituciones del daño ambiental y su responsabilidad, busca 1) identificar las particulares de los daños ambientales sobre los otros tipos de daños regulados tradicionalmente por el Derecho, 2) investigar los tipos de responsabilidad por los daños ambientales y detectar los problemas y vacíos jurídicos relacionados a ellos, 3) analizar la legislación comparada referida a los daños ambientales y sus instituciones de responsabilidad, 4) estudiar la jurisprudencia comparada referida a los aspectos controvertidos que ostentan los daños ambientales y 5) analizar el modo en que está regulado el daño ambiental en el Perú, proponiendo una fórmula legal que permita solucionar los vacíos y problemas identificados en relación a dicha institución.

A fin de alcanzar dichos objetivos, en el Capítulo I, “Aproximación conceptual del daño ambiental”, se analiza doctrinariamente el daño ambiental y sus modalidades. En el Capítulo II, “Tipos de responsabilidad por daños ambientales”, se estudian los problemas más resaltantes en dicha responsabilidad, examinando los aspectos relacionados a la restauración, vista como una obligación de reparar derivada de la responsabilidad por dichos daños, y se analizan los tipos de responsabilidad vinculados a estos aspectos (responsabilidad civil, administrativa y penal). El Capítulo III “Nociones jurídicas de daño ambiental y sistemas de responsabilidad por daños ambientales en el derecho comparado”, se estudia el modo en que el daño ambiental y los correspondientes mecanismos de responsabilidad han sido regulados en la Unión Europea, España, Inglaterra, Chile, Argentina y Perú. En el Capítulo IV “Análisis jurisprudencial del daño ambiental en el derecho comparado”, se estudian las principales jurisprudencias de la Unión Europea, España, Argentina y Perú, relacionadas a la relativización de la certeza en los daños ambientales, la cual es una de las principales particularidades que estos tienen frente a los tradicionales daños regulados por el Derecho. El Capítulo V “Propuesta legislativa para la solución de los problemas en la noción del daño ambiental en la Ley General del Ambiente del Perú”, recoge los problemas identificados en los capítulos anteriores, entre los cuales destacan la falta del elemento de la significancia en la definición del daño ambiental, la indeterminación del tipo de responsabilidad o las dudas respecto a la potencialidad de los daños ambiental; proponiendo una solución para cada uno de dichos problemas. Finalmente, se desarrollan las conclusiones más relevantes obtenidas en la elaboración de la presente investigación.

Dicho trabajo, tanto a nivel doctrinario como jurisprudencia, analiza las nociones generales de la jurisdicción universal, buscando identificar claramente sus requisitos (la existencia de una razón específica para la jurisdicción universal, una definición clara y suficiente del crimen, la presencia de medios nacionales de la aplicación que permitan a las instancias judiciales nacionales ejercer su jurisdicción sobre esos crímenes y la adecuación de la legislación interna con las obligaciones internacionales), así como sus limitaciones (requisito de la presencia física, inmunidades, jerarquía de jurisdicciones, entre otros obstáculos), para finalmente plantear alternativas de solución ante dichos obstáculos, para su correcta aplicación, en específico: plantear un orden de preferencias de las competencias en la jurisdicción universal, determinar la aplicación del requisito de la presencia física del acusado, así como delimitar el régimen especial de inmunidades.

Dicho trabajo resalta las particularidades con las que cuenta el daño ambiental frente a los otros tipos de daños regulados tradicionalmente, advirtiendo la necesidad de que el Derecho brinde un trato diferenciado a este, en razón a la relativización de la certeza del daño ambiental y en el nexo causal, que son inherentes a su naturaleza. De igual manera investiga los tipos de responsabilidad por los daños ambientales y detecta posibles vacíos relacionados a ellos. El análisis realizado se sustenta en el estudio de la legislación y jurisprudencia comparada, en países como España, Inglaterra, Chile, Argentina y en la Unión Europea. De igual manera evalúa el modo en que este tema es regulado en el Perú, proponiendo una fórmula legal que permita solucionar los vacíos y problemas identificados.

Dicho trabajo plantea algunas medidas de gestión ambiental que podrían ser herramientas viables para enfrentar a las enfermedades emergentes, dentro de las cuales se encuentra la COVID-19.

En dicho marco se plantea impulsar las medidas de gestión ambiental que impidan la destrucción de hábitats naturales, el tráfico de fauna y la pérdida de diversidad genética; toda vez que el Perú es un país megadiverso, por lo que custodia ecosistemas con una gran biodiversidad que, a su vez, proporciona el servicio ecosistémico de regulación de enfermedades.

De igual manera se expone la necesidad de impulsar la gestión de residuos sólidos, con énfasis en establecer disposiciones que indiquen a la ciudadanía en general el modo en que los residuos de hogares con pacientes infectados deben ser gestionados, a fin de evitar poner en riesgo de contagio a las personas que entren en contacto con ellos, como es el caso del personal municipal o de las personas del hogar.

Asimismo, considera que la economía circular resulta ser un modelo económico adecuado para impulsar la economía frente a la recesión causada por el COVID-19, toda vez que impulsa la economía local, la sostenibilidad y reduce la dependencia de materias primas vírgenes.

Este trabajo plantea a la economía circular como un modelo económico viable para enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19. Asimismo, comenta cuales son los beneficios de su aplicación y los avances en la implementación de ésta en la normativa peruana.

Dicho trabajo analiza que pese a que las medidas de aislamiento social por la pandemia por COVID-19,  han generado una mejora en la calidad ambiental, dicho beneficio no sería sostenible en el tiempo, toda vez que es consecuencia de una situación extraordinaria.

Por el contrario, identifica la posibilidad de que se produzca la flexibilización y aplazamiento de las normas y políticas ambientales, como medidas para impulsar la economía.

Ante ello, se postula que tanto los problemas causados por el COVID-19, así como los ambientales, económicos y sociales, sean analizados bajo la tesis del macroscopio de Rosnay, identificando las vinculaciones entre dichos problemas y atacándolas en conjunto.

De esta manera, se identifican algunas similitudes entre el COVID-19, el cambio climático, la contaminación ambiental, la salud de las personas, la pérdida de biodiversidad y la recesión económica; planteando la viabilidad de una solución verde ante ellos, tal  como algunos países europeos lo vienen proponiendo.

Este trabajo además de analizar doctrinariamente los aspectos generales de la economía circular, tales como sus características, elementos, principios, fuentes, beneficios, entre otros aspectos; aborda el modo en que las política y normas de economía circular deben ser formuladas, estudiando las etapas necesarias para su emisión (aspectos iniciales, evaluación del metabolismo de los sectores económicos, definición de la estrategia y su ejecución), así como la información necesaria para ello. Asimismo, efectúa un análisis comparado de las políticas y normativas de economía circular de la Unión Europea, España, Colombia y Perú, estudiando cada una de sus acciones, en función a su tipo, barreras a superar y ámbito de aplicación. Finalmente, propone alternativas de solución a los problemas identificados en la estrategia peruana de economía circular, abordando aspectos como la necesidad de su aplicación a nivel nacional, la falta de objetivos e indicadores y la importancia de establecer una gobernanza adecuada.

Dicho trabajo analiza que pese a que las medidas de aislamiento social por la pandemia por COVID-19, han generado una mejora en la calidad ambiental, dicho beneficio no sería sostenible en el tiempo, toda vez que es consecuencia de una situación extraordinaria.

Por el contrario, identifica la posibilidad de que se produzca la flexibilización y aplazamiento de las normas y políticas ambientales, como medidas para impulsar la economía.

Ante ello, se postula que tanto los problemas causados por el COVID-19, así como los ambientales, económicos y sociales, sean analizados bajo la tesis del macroscopio de Rosnay, identificando las vinculaciones entre dichos problemas y atacándolas en conjunto.

De esta manera, se identifican algunas similitudes entre el COVID-19, el cambio climático, la contaminación ambiental, la salud de las personas, la pérdida de biodiversidad y la recesión económica; planteando la viabilidad de una solución verde ante ellos, tal como algunos países europeos lo vienen proponiendo.

El presente trabajo realiza un análisis  doctrinario sobre los aspectos generales  de la economía circular y el modo  en que las estrategias de economía  circular corresponden ser desarrolladas,  planteando algunas consideraciones que  se propone sean tenidas en cuenta para la elaboración de la Hoja de Ruta hacia una  Economía Circular en el Sector Pesca, la cual se estima que el Perú apruebe antes de julio del año 2025. Asimismo, aborda el modo en que la economía circular puede ser impulsada desde el Derecho Administrativo, con especificidad en las actividades de pesca y acuicultura, e identifica la complementariedad de las medidas de la economía circular con las de la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Estudio que realiza una evaluación de la gobernanza ambiental en la práctica en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Este documento proporcionan datos nuevos organizados en torno a 11 indicadores primarios de gobernanza ambiental para cada país: 1) Regulación y cumplimiento; 2) Participación ciudadana; 3) Derechos fundamentales ambientales y sociales; 4) Acceso y calidad de la justicia; 5) Calidad del aire y clima; 6) Recursos y calidad del agua; 7) Biodiversidad; 8) Bosques; 9) Océanos, mares y recursos marinos; 10) Gestión de residuos; y 11) Extracción y minería. Además, este informe presenta datos clave procedentes de terceros sobre el contexto de gobernanza, capacidad institucional, leyes y reglamentos, y desempeño ambiental de cada país, con el fin de ofrecer un panorama más completo de las cuestiones de contexto que inciden en el estado de la gobernanza ambiental o que son el resultado de ésta.

Estudio que realiza la identificación de actividades industriales con mayor potencial de aplicación de modelos circulares en el Perú e identifica estrategias a emplear para promover dichos modelos, por medio de un análisis de barreras, vacíos y limitaciones existentes.

El presente informe, busca individualizar las principales oportunidades del sector agrario (incluyendo subsectores agrícola, ganadero y forestal) y del sector de la pesca y la acuicultura, así como identificar los desafíos para el avance de la economía circular en el Perú.