Law

Introducción: En el área del derecho del trabajo hay autores que no tienen bien en claro si la persona del trabajador es un sujeto u objeto del derecho, en el contrato que tiene el empleador con el empleado se puede hablar de un sujeto de derecho por el hecho de realizar un contrato, pero en la prestación es el propio empleado o trabajador que se pone a disposición del empleador, va mucho más allá de una simple prestación de servicio porque el trabajador renuncia a un cierto período de tiempo a lo que es su libertad.

II. EL ARTÍCULO 1.158 DEL CÓDIGO CIVIL Y EL PAGO HECHO POR UN TERCERO FRENTE AL PAGO QUE COMO NUEVO DEUDOR HACE EL ASUMENTE EN LA EXPROMISIÓN: 1. PLANTEAMIENTO. 2. EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTRO Y LA LIBERACIÓN DEL DEUDOR 2. ORIGINARIO. 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PAGO POR UN TERCERO Y LA EXPROMISIÓN: DIFEREN-2. CIAS: 2. a) Consecuencias sobre la relación a la que afecta: su naturaleza ex-3. b) tintiva o subrogatoria. 2. b) El cumplimiento de las funciones del pago. 2. c) La falta de consentimiento del acreedor: la identidad del pago. III. EL FENÓMENO ATÍPICO DE LA CESIÓN DE CONTRATO: LA SUCE-SIÓN EN LOS DERECHOS Y EN LAS OBLIGACIONES DEL CONTRA-TANTE CEDENTE: 1. FUNDAMENTOS COMUNES Y EXCLUSIÓN DE LA NOVATIO EN LA CESIÓN DE CONb) TRATO. 2. LA SUSTITUCIÓN DEL ELEMENTO SUBJETIVO EN LAS RELACIONES OBLIGATORIAS: b) PARTICULARIDADES EN LA CESIÓN DE CONTRATO Y EN LA EXPROMISIÓN: 2. a) La falta de relevancia del consentimiento del deudor en la expromis-2. b) sio frente a la cesión de contrato. 2. b) De la relevación pasiva a la íntegra transmisión de la posición con-2. b) tractual. 2. c) Referencia a la sistematización de la cesión de contrato en el nuevo 2. b) Código Civil italiano.

The author, based on statistical data, observes the increase of corruption crime reports. Based on that, he analyzes the existing repressive criminal policies to fight against said crime, such as sentencing increase or new corruption crime types. However, when observing the rate of imprisonments, it can be seen that the number of people convicted to prison due to corruption cases has not increased; one of the reasons would be linked to sentence conversion, despite the fact that Section 57 of the Criminal Code establishes its effectiveness.

Constitución Política del Perú: arts. 2 inc. 14, 62 y 63. • Convenio Ciadi (14/10/1966): arts. 42 y 71. • Decreto Legislativo Nº 757, Ley marco para el crecimiento de la inversión privada (13/11/1991): arts. 47 y 48. • Ley Nº 28933, Ley que establece el sistema de coordinación y respuesta del Estado en controversias internacionales de inversión (16/12/2006): arts. 2 y 3. Este artículo desarrolla un sucinto marco general del arbitraje de inversión, con particular atención al arbitraje desarrollado bajo la administración del Centro de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), institución que en las últimas décadas se ha convertido en el centro de arbitraje más importante a nivel mundial sobre controversias suscitadas entre Estados e inversionistas extranjeros; asimismo, se destaca el grado de participación del Estado peruano en controversias ante el Ciadi y el sistema implementado para procurar la correcta defensa de sus intereses. PROCESAL CIVIL Y ARBITRAJE PROCESAL CIVIL Y ARBITRAJE ANÁLISIS JURÍDICO ANÁLISIS JURÍDICO INTRODUCCIÓN

las que destaca la llamada acción de control, la cual le permite exigir indemnizaciones a los privados que incumplan sus contratos con el Estado. Para el autor, contra dicha pretensión no se podría oponer una excepción de convenio arbitral, como sí sería posible cuando el demandante es contraparte de la Contraloría en un contrato de locación de obra por alcanzarle el convenio suscrito. En tal sentido, se adhiere a lo resuelto en el proceso de amparo comentado, en el que se cuestionó la denegatoria de la citada excepción en un proceso civil iniciado por la Contraloría.

En el presente artículo el autor realiza un análisis con relación a la STC Exp. N° 00319-2013-PA/TC. Sobre el particular precisa que el ejercicio del derecho a la propiedad no es absoluto y en determinados casos este puede ser limitado por el Estado mediante el procedimiento de la expropiación. Señala también que si este procedimiento recae sobre un bien de capital social, el Estado se encuentra en la obligación de efectuar el pago de la indemnización justipreciada.

SOLUCIONES LABORALES Nº 78 / Junio 2014 RESUMEN EJECUTIVO DIFUSAS RAZONES PARA DEJAR SIN EFECTO UN PRECEDENTE A propósito de la STC Exp. N° 04293-2012-PA/TC que deja sin efecto el control difuso en sede administrativa Jancarlos Jair VEGA LUGO (*)

En el presente artículo el autor realiza un análisis detallado y crítico de la sentencia del Tribunal Constitucional, emitida en el proceso de amparo seguido por un exmagistrado contra las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura que dispusieron y confirmaron, respectivamente, su destitución. Sobre el particular, precisa la importancia que tienen el derecho a la defensa y el derecho a ser oído en un procedimiento administrativo disciplinario. Asimismo, refiere que la garantía de audiencia previa constituye la materialización del derecho a ser oído y que, en el caso, el Colegiado no fue estricto al momento de verificar si se garantizó este derecho fundamental.

El autor precisa la aplicación del principio de causalidad en los procedimientos administrativos sancionadores en los que la persona jurídica infractora realiza actos de reorganización societaria. Sostiene que en cualquier escenario corresponde iniciar o continuar con la imputación de responsabilidad de una persona jurídica resultante de una transformación societaria, pero que en los casos de fusión y escisión corresponderá determinar la forma en la que se ha ejecutado la operación, para luego identificar contra quién ha de dirigirse en lo que será el inicio o la continuación de un procedimiento.

A partir de una reciente sentencia del Tribunal Constitucional el autor realiza un análisis de la institución de la expropiación, la cual es un límite del derecho de propiedad, y sus requisitos para que esta sea acorde a derecho y de esta forma no se trasgreda el derecho de propiedad de la persona a la que se le expropia el bien inmueble. En el caso en particular, el demandado, el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), había adjudicado a un tercero el mercado "Trapecio", tomando como recursos propios el ingreso generado por esta operación y sin trasladar este monto en concepto de justiprecio a la demandante Empresa Nacional de Edificaciones en Liquidación (Enace). * Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Experiencia y estudios de especialización en Derecho Administrativo, Concesiones, Regulación de Servicios Públicos e Infraestructura, Energía (Gas y Electricidad), así como en Contrataciones con el Estado y Arbitraje.

Dilucidación de una demanda contencioso-administrativa en vía constitucional Favorecimiento a la justicia constitucional en virtud de los principios procesales constitucionales Jancarlos Jair VEGA LUGO* En el presente artículo, el autor realiza un análisis de la STC Exp. N° 06367-2013-PA/TC. Sobre el particular refiere que el Tribunal Constitucional se pronunció a favor de amparar el derecho a la pensión de jubilación en la vía de amparo al preferir la aplicación de los principios procesales constitucionales por encima de la rigurosidad formal de la norma. Precisa también que, al ser el objeto final del Derecho el encontrar la justicia, las instituciones procesales no deben obstaculizar el desarrollo de los procesos constitucionales.

En el presente artículo el autor describe la naturaleza, las particularidades y alcances del derecho de petición. En este sentido precisa los alcances que el Tribunal Constitucional ha realizado con relación a su contenido. Señala también que el contenido del derecho de petición por lo general suele ser muy diverso, así sirve para trasladar desde una petición muy puntual hasta una pretensión dirigida a la elaboración de una norma.

En el presente artículo el autor analiza la STC Exp. N° 04648-2012-PA/TC en la que el Tribunal Constitucional estimó la demanda de amparo presentada por un grupo de empresas, bajo el fundamento de que la autoridad municipal incurrió en hechos que vician de nulidad la ordenanza municipal tras no contar con resolución ministerial que le faculte para regular en materia de transporte. Refiere que si bien el Tribunal reconoció los referidos vicios y la consecuente nulidad, no amplió los efectos de una sentencia que declaró incompatible con la Constitución una norma, respecto de quienes no interpusieron acción de amparo.

El autor resalta la importancia de la buena fe y la seguridad jurídica como pilares de un orden normativo administrativo. Señala que estos principios dan el real signifi cado a la aplicación de las normas. Asimismo, resalta la importancia de la inclusión del principio de confi anza legítima en la Ley del Procedimiento Administrativo General y los desafíos que su reconocimiento traerá en las relaciones entre los particulares y la Administración.

3.1 Marco constitucional y legal de la protección de inversiones. 3.1.1 Protección constitucional de los acuerdos contractuales. 3.1.2 El arbitraje en la Constitución. 3.2 Régimen legal de la promoción y protección de la inversión privada. IV. EL CENTRO INTERNACIONAL DE ARREgLO DE DIfERENCIA DE INVERSIONES RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI). 4.1 Membresía. 4.2 Requisitos para la jurisdicción de CIADI. V. LAS CONTROVERSIAS DEL PERú ANTE EL CIADI. VI. EL SISTEMA DE CONTROL Y RESPuESTA DE CONTROVERSIAS RELATIVAS A INVERSIóN (SICRECI). REfLExIONES

Hay que situarnos a partir de Augusto Comte. la diferencia de la sociología de la física social, no son los problemas de los que se hace cargo, sino el estilo de investigación. Este estilo viene acuñado por la epistemología positivista, la generalización del método de la física. Caracterizada por proponerse la descripción de la realidad natural, llegando así a establecer su acontecer uniforme a través de leyes causales. La física describe la naturaleza mediante leyes de causalidad. Toda ley causal es una proposición descriptiva de la relación necesaria entre la causa y el efecto. Ambos son hechos que suceden en la realidad natural y que son observables. La física describe hechos naturales y exige la comprobación de que sus resultados efectivamente se cumplen para todos los hechos de la misma índole. Para la sociología su objeto son también los hechos pero, como es lógico no los hechos naturales, sino los hechos sociales la facticidad social, lo que sucede en la realidad social. Su método es también la observación y comprobación de tales hechos su objetivo es llegar a establecer las causales del acontecer social, que permitan tanto la descripción de los fenómenos acontecidos como la predicción de lo que suceda en el mundo de la realidad social. Aunque la mentalidad positivista es per estática, supo incorporar los hallazgos de DARWIN relativos a la historia natural de la especies en su esquema natural de las especies en su esquema científico, lo que unido a la creencia mítica en el proceso ilimitado dio como resultado su alianza con el historicismo. Esta simbiosis se manifestó particularmente atractiva para la sociología, pues le permitía no solo explicar la estática social, también elaborar las bases de la dinámica social.