Luis Navarro
Académico especializado en políticas educativas y gestión escolar. Autor de diversas publicaciones e investigador responsable de estudios cuanti y cualitativos.
Address: Santiago, Chile
Address: Santiago, Chile
less
Related Authors
Related Authors
Uploads
Papers by Luis Navarro
La tesis que se defiende es que el aseguramiento de calidad y la rendición de cuentas tienen convergencias y caminos independientes: a) no todo sistema de accountability obedece a una decisión previa de instalar un (cuasi) mercado educativo; b) aseguramiento de la calidad y accountability no son siameses. Ambos conceptos y sistemas suelen encadenarse, pero ello no es inevitable. Incluso se puede afirmar que no todo sistema de aseguramiento lleva a la rendición de cuentas y, a la vez, no toda rendición de cuentas asegura la calidad. Y c) la aplicación y la eficacia de los sistemas de aseguramiento y responsabilización (aceptando este binomio para la realidad educacional chilena) son dependientes del contexto en el que operan, se ven acotados por la coherencia narrativa del ecosistema de políticas en el que se insertan y, por último, son afectados por la inercia del sistema escolar (la resistencia de las estructuras) y las resonancias de las coyunturas
políticas y acontecimientos sociales.
Dada la dinámica y novedad de la pandemia COVID-19, sobra decir que todo lo que se escriba tiene una vigencia fugaz. Sin embargo, no cabe afirmar lo mismo respecto de la crisis y descontento con la matriz sociopolítica que llevó al movimiento de octubre y su correlato en educación. Hay ecos o resonancias de los rasgos y tensiones estructurales que exacerban los efectos del cierre de escuelas, liceos e instituciones de educación superior. En efecto, la crisis social activada en octubre pasado reavivó las discusiones estructurales del sistema educativo, incluyendo la difícil convivencia de narrativas y regulaciones de dos almas: de un lado, el cuasi mercado, el aseguramiento de la calidad y la accountability como racionalidades de políticas y gestión; del otro, la perspectiva de la educación como derecho; el currículo y la experiencia educacional pertinentes; la participación y la convivencia democrática.
A su turno, la pandemia, en muy poco tiempo, desveló la realidad social de escuelas, liceos e instituciones de educación superior que reciben estudiantes de escasos recursos, poniendo en evidencia la precariedad de la infraestructura y recursos tecnológicos en establecimientos, hogares y territorios, la debilidad de capacidades docentes para la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje y la inconsistencia de todos los supuestos de gestión de la enseñanza y de organizaciones educativas con las exigencias sanitarias acordes a las condiciones actuales.
Por otro lado, se aprecia que la gestión del Ministerio de Educación (MINEDUC) y la experiencia cotidiana de la realidad socioeducativa, no han dialogado con facilidad. Para el Ministerio de Educación, la prioridad ha sido la continuidad de la implementación curricular, la preservación de los procesos que concretan la normativa y las políticas a las que adhiere ideológicamente (basta recordar la insistencia ministerial para aplicar las pruebas SIMCE tanto en noviembre pasado como durante este año) y ahora último la restauración de las clases presenciales como un factor crítico para el restablecimiento de la actividad económica del país. Para las instituciones educativas y los docentes, por su parte, el foco ha estado en mantener el vínculo con los estudiantes y sus familias, mitigando los costos financieros, afectivos e instruccionales de la interrupción en los procesos formativos. Las escuelas, por ejemplo, se han convertido en lugares de recaudo y reparto de ayuda; mientras que las maestras y funcionarios se han transformado en trabajadores sociales y terapeutas. En esta misma línea, las universidades han comprometido apoyos de distinta índole, a la población, en especial en las áreas de la salud e ingeniería.
Drafts by Luis Navarro
actualidad.
La tesis que se defiende es que el aseguramiento de calidad y la rendición de cuentas tienen convergencias y caminos independientes: a) no todo sistema de accountability obedece a una decisión previa de instalar un (cuasi) mercado educativo; b) aseguramiento de la calidad y accountability no son siameses. Ambos conceptos y sistemas suelen encadenarse, pero ello no es inevitable. Incluso se puede afirmar que no todo sistema de aseguramiento lleva a la rendición de cuentas y, a la vez, no toda rendición de cuentas asegura la calidad. Y c) la aplicación y la eficacia de los sistemas de aseguramiento y responsabilización (aceptando este binomio para la realidad educacional chilena) son dependientes del contexto en el que operan, se ven acotados por la coherencia narrativa del ecosistema de políticas en el que se insertan y, por último, son afectados por la inercia del sistema escolar (la resistencia de las estructuras) y las resonancias de las coyunturas
políticas y acontecimientos sociales.
Dada la dinámica y novedad de la pandemia COVID-19, sobra decir que todo lo que se escriba tiene una vigencia fugaz. Sin embargo, no cabe afirmar lo mismo respecto de la crisis y descontento con la matriz sociopolítica que llevó al movimiento de octubre y su correlato en educación. Hay ecos o resonancias de los rasgos y tensiones estructurales que exacerban los efectos del cierre de escuelas, liceos e instituciones de educación superior. En efecto, la crisis social activada en octubre pasado reavivó las discusiones estructurales del sistema educativo, incluyendo la difícil convivencia de narrativas y regulaciones de dos almas: de un lado, el cuasi mercado, el aseguramiento de la calidad y la accountability como racionalidades de políticas y gestión; del otro, la perspectiva de la educación como derecho; el currículo y la experiencia educacional pertinentes; la participación y la convivencia democrática.
A su turno, la pandemia, en muy poco tiempo, desveló la realidad social de escuelas, liceos e instituciones de educación superior que reciben estudiantes de escasos recursos, poniendo en evidencia la precariedad de la infraestructura y recursos tecnológicos en establecimientos, hogares y territorios, la debilidad de capacidades docentes para la enseñanza en entornos virtuales de aprendizaje y la inconsistencia de todos los supuestos de gestión de la enseñanza y de organizaciones educativas con las exigencias sanitarias acordes a las condiciones actuales.
Por otro lado, se aprecia que la gestión del Ministerio de Educación (MINEDUC) y la experiencia cotidiana de la realidad socioeducativa, no han dialogado con facilidad. Para el Ministerio de Educación, la prioridad ha sido la continuidad de la implementación curricular, la preservación de los procesos que concretan la normativa y las políticas a las que adhiere ideológicamente (basta recordar la insistencia ministerial para aplicar las pruebas SIMCE tanto en noviembre pasado como durante este año) y ahora último la restauración de las clases presenciales como un factor crítico para el restablecimiento de la actividad económica del país. Para las instituciones educativas y los docentes, por su parte, el foco ha estado en mantener el vínculo con los estudiantes y sus familias, mitigando los costos financieros, afectivos e instruccionales de la interrupción en los procesos formativos. Las escuelas, por ejemplo, se han convertido en lugares de recaudo y reparto de ayuda; mientras que las maestras y funcionarios se han transformado en trabajadores sociales y terapeutas. En esta misma línea, las universidades han comprometido apoyos de distinta índole, a la población, en especial en las áreas de la salud e ingeniería.
actualidad.