Derecho

Es insostenible la situación de los agrotóxicos en Argentina, somos el país que tiene la tasa más alta de consumo por persona en el mundo, más de 3 millones de niños están siendo envenenados y ya no son solo mera opiniones fundadas, son las sociedades científicas que piden urgente tomar medidas, como sostiene la doctrina es urgente en base al principio precautorio prohibir todos los agroquímicos y avanzar hacia un modelo agroecológico.

LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado) Indice Temático LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES TITULO I APLICACION DE LA LEY PENAL Arts.1 a 4 TITULO II DE LAS PENAS Arts. 5 a 25 TITULO III CONDENACION CONDICIONAL Arts. 26 a 29 TITULO IV REPARACION DE PERJUICIOS Arts. 30 a 33 TITULO V IMPUTABILIDAD Arts. 34 a 41 TITULO VI TENTATIVA Arts. 42 a 44 TITULO VII PARTICIPACION CRIMINAL Arts. 45 a 49 TITULO VIII REINCIDENCIA Arts. 50 a 53 TITULO IX CONCURSO DE DELITOS Arts. 54 a 58 TITULO X EXTINCION DE ACCIONES Y DE PENAS Arts. 59 a 70 TITULO XI DEL EJERCICIO DE LAS ACCIONES Arts. 71 a 76 TITULO XII DE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA Arts. 76 bis a 76 quater TITULO XIII SIGNIFICACION DE CONCEPTOS EMPLEADOS EN EL CODIGO Arts. 77 a 78 bis LIBRO SEGUNDO DE LOS DELITOS TITULO I DELITOS CONTRA LAS PERSONAS Arts. 79 a 108 TITULO II DELITOS CONTRA EL HONOR Arts. 109 a 117 bis TITULO III DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Arts. 118 a 133 TITULO IV DELITOS CONTRA EL ESTADO CIVIL Arts. 134 a 139 bis TITULO V DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Arts. 140 a 161 TITULO VI DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Arts. 162 a 185 TITULO VII DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA Arts. 186 a 208 TITULO VIII DELITOS CONTRA EL ORDEN PUBLICO Arts. 209 a 213 bis TITULO IX DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DE LA NACION Arts. 214 a 225 TITULO X DELITOS CONTRA LOS PODERES PUBLICOS Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL Arts. 226 a 236 TITULO XI DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA Arts. 237 a 281 bis TITULO XII DELITOS CONTRA LA FE PUBLICA Arts. 282 a 302 TITULO XIII DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO Y FINANCIERO Arts. 303 a 313 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Arts. 314 a 316 LEY 11.179 (T.O. 1984 actualizado) CODIGO PENAL DE LA NACION ARGENTINA Ver Antecedentes Normativos LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES TITULO I APLICACION DE LA LEY PENAL ARTICULO 1º.-Este código se aplicará: 1º.-Por delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la Nación Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción; 2º.-Por delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo. ARTICULO 2º.-Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna. Si durante la condena se dictare una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por esa ley. En todos los casos del presente artículo, los efectos de la nueva ley se operarán de pleno derecho. ARTICULO 3º.-En el cómputo de la prisión preventiva se observará separadamente la ley más favorable al procesado. ARTICULO 4º.-Las disposiciones generales del presente código se aplicarán a todos los delitos previstos por leyes especiales, en cuanto éstas no dispusieran lo contrario. TITULO II DE LAS PENAS ARTICULO 5º.-Las penas que este Código establece son las siguientes: reclusión, prisión, multa e inhabilitación. ARTICULO 6º.-La pena de reclusión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los recluidos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase con tal que no fueren contratadas por particulares. ARTICULO 7º.-Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merecieren reclusión, sufrirán la condena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajo especial que determine la dirección del establecimiento. ARTICULO 8º.-Los menores de edad y las mujeres sufrirán las condenas en establecimientos especiales. ARTICULO 9º.-La pena de prisión, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio, en establecimientos distintos de los destinados a los recluidos. ARTICULO 10.-Podrán, a criterio del juez competente, cumplir la pena de reclusión o prisión en detención domiciliaria: (Artículo sustituido por art. 1° de la Ley N° 25.892 B.O.26/5/2004) ARTICULO 14 -La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá en los casos previstos en los artículos 80 inciso 7º, 124, 142 bis, anteúltimo párrafo, 165 y 170, anteúltimo párrafo. (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 25.892 B.O.26/5/2004) ARTICULO 15.-La libertad condicional será revocada cuando el penado cometiere un nuevo delito o violare la obligación de residencia. En estos casos no se computará, en el término de la pena, el tiempo que haya durado la libertad. En los casos de los incisos 2º, 3º, 5º y 6º del artículo 13, el Tribunal podrá disponer que no se compute en el término de la condena todo o parte del tiempo que hubiere durado la libertad, hasta que el condenado cumpliese con lo dispuesto en dichos incisos. (Párrafo sustituido por art. 3° de la Ley N° 25.892 B.O.26/5/2004) ARTICULO 16.-Transcurrido el término de la condena, o el plazo de cinco años señalado en el artículo 13 sin que la libertad condicional haya sido revocada, la pena quedará extinguida, lo mismo que la inhabilitación absoluta del artículo 12. ARTICULO 17.-Ningún penado cuya libertad condicional haya sido revocada, podrá obtenerla nuevamente. ARTICULO 18.-Los condenados por tribunales provinciales a reclusión o prisión por más de cinco años serán admitidos en los respectivos establecimientos nacionales. Las provincias podrán mandarlos siempre que no tuvieren establecimientos adecuados. ARTICULO 19.-La inhabilitación absoluta importa: 1º. La privación del empleo o cargo público que ejercía el penado aunque provenga de elección popular; 2º. La privación del derecho electoral; 3º. La incapacidad para obtener cargos, empleos y comisiones públicas; 4º. La suspensión del goce de toda jubilación, pensión o retiro, civil o militar, cuyo importe será percibido por los parientes que tengan derecho a pensión.

A good correlation between the activation energy and the polar character of Diels-Alder reactions measured as the charge transfer at the transition state structure has been found. This electronic parameter controls the reaction rate to an even greater extent than other recognized structural features. The proposed polar mechanism, which is characterized by the electrophilic/nucleophilic interactions at the transition state structure, can be easily predicted by analyzing the electrophilicity/nucleophilicity indices defined within the conceptual density functional theory. Due to the significance of the polarity of the reaction, Diels-Alder reactions should be classified as non-polar (N), polar (P), and ionic (I). a Ref. 9 b Ref. 8 3576 | Org. Biomol. Chem., 2009, 7, 3576-3583 This journal is

Fuzzy rule-based classification systems (FRBCSs) are known due to their ability to treat with low quality data and obtain good results in these scenarios. However, their application in problems with missing data are uncommon while in real-life data, information is frequently incomplete in data mining, caused by the presence of missing values in attributes. Several schemes have been studied to overcome the drawbacks produced by missing values in data mining tasks; one of the most well known is based on preprocessing, formerly known as imputation. In this work, we focus on FRBCSs considering 14 different approaches to missing attribute values treatment that are presented and analyzed. The analysis involves three different methods, in which we distinguish between Mamdani and TSK models. From the obtained results, the convenience of using imputation methods for FRBCSs with missing values is stated. The analysis suggests that each type behaves differently while the use of determined missing values imputation methods could improve the accuracy obtained for these methods. Thus, the use of particular imputation methods conditioned to the type of FRBCSs is required.

For the first time the combination of self-immolative spacers and supramolecular hydrogels has been tested in enzyme triggered drug release. Low-molecular weight drug-gelator conjugates have been prepared, which contain a gel forming lysine moiety linked to model drugs (benzylamine and phenethylamine) through a self-immolating spacer (p-aminobenzyloxycarbonyl). In the presence of trypsin the amide linkage between the gelator moiety and the spacer is hydrolyzed leading to the release of the model drug. This approach provides with distinct advantages, such as sustained release or versatility associated to the use of supramolecular hydrogels and self-immolative spacers, respectively.

Supramolecular gels formed by an isonicotinic acid derivative in toluene are selectively disassembled in the presence of catechol. The results represent a unique example of molecular recognition associated to gel rupture which is of interest, for example, in controlled drug release applications.

The mechanism for the Lewis acid-catalyzed [4 + 3] cycloaddition of 2-(trimethylsilyloxy)acrolein 1 with furan 2 has been studied at the B3LYP/6-31G* level. This reaction is a three-step process that is initialized by the nucleophilic attack of 2 to the -conjugated position of 1 to give a zwitterionic intermediate IN1. The key step on the formation of the seven-membered ring is the electrophilic attack of the furan residue to the electrophilically activated carbonyl carbon at this intermediate.

El problema de la cuantificación del daño moral es objeto de debate actual tanto en sistemas jurídicos de la familia romano-germánica como en el common law. Este problema ha sido abordado desde múltiples perspectivas, y se han formulado análisis tanto cualitativos como cuantitativos. La cuestión ha sido abordada con la metodología del análisis económico del derecho, entre otros, por Mark Geistfeld 1 (1995) y W. Kip Viscusi 2 (1988), con distintas propuestas de solución al problema de la falta de pautas claras para la cuantificación. En este trabajo propondré una forma de cuantificar daños morales cuya inspiración no proviene de otros sistemas jurídicos comparados, sino del derecho penal. La propuesta consiste en una tipificación (amplia) de los posibles daños morales y la subsiguiente fijación de una escala con mínimos y máximos para cada tipo de daño. Estos " tipos " están ordenados en función de la gravedad del daño, y el sistema de escalas está acompañado de reglas adicionales vinculadas a circunstancias personales, sociales y económicas del damnificado que dan criterios para la utilización del mínimo o del máximo de la escala (a la manera de las reglas de criterios que contienen los Códigos Penales, v. gr. el art. 41 del Código Penal Argentino). El método que se propone puede surgir tanto de una reforma legislativa como del ejercicio de la potestad unificadora de los tribunales de casación. Si bien una reforma legislativa parece ser el camino más directo para la adopción del método, los problemas de cuantificación han sido frecuentemente resueltos por pautas generales de origen judicial, aun en sistemas jurídicos romano – germánicos. La relativa amplitud de las pautas que se proponen, sumado a la necesidad de solucionar el grado de aleatoriedad que suele existir en las decisiones que fijan montos indemnizatorios son elementos que facilitan su adopción. Esta propuesta también tendría el efecto de facilitar acuerdos indemnizatorios extrajudiciales, lo que tiene como efecto el decrecimiento de la litigiosidad de los conflictos derivados de la causación de daños. Este método se complementa con la utilización de unidad de cuenta sobre la que se construirá la escala que permita que las reglas no sean afectadas (tanto) por la inflación, problema que ha sido usual en los últimos 30 años en Latino América. La unidad de cuenta que se propone es el valor de una vivienda básica para dos personas en la jurisdicción en la que se resuelve el conflicto. En resumen, este método es por una parte flexible, dando lugar al necesario margen de apreciación judicial, y al mismo tiempo fija pautas limitantes que pueden ser fruto de la auto regulación judicial o bien de una regulación impuesta por el legislador. Ello permite dar una respuesta al tiempo que sensata, de plausible adopción, al problema de la falta o inexistencia de pautas para la cuantificación del daño moral.

Con la creación de la Organización de las naciones unidas en 1945, después del horror de las Segunda Guerra Mundial, comienza a desarrollarse en el derecho internacional, los Derechos Humanos, cuyo estudio continuó hasta nuestros días. Sin embargo, podemos vislumbrar sus orígenes en la Revolución Francesa, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que distinguía los derechos que correspondían por el hecho de ser hombre, y el que correspondía por ser ciudadano, con la base del "derecho natural". Desde éste punto de partida evolucionó hasta revestir el carácter de universal, donde todos los estados que los institucionalizaron, por medio de los tratados, pactos y protocolos, deben cumplirlos como a la ley misma de su país, el Estado debe garantizar su cumplimiento, como así también proveer los mecanismos necesarios para hacerlos efectivos. Estos instrumentos internacionales, establecen un mínimo común a todos los estados para la protección integral de la persona. Dice Lloveras "estos instrumentos internacionales (tratados) reflejan el consenso mundial en la confección de estándares mínimos éticos o morales que deben ser amparadas por los estados para garantizar la protección de los derechos humanos". (2009, pág. 30) En la República Argentina, con la reforma de la Constitución Nacional de 1994, se los incorporó al derecho positivo y les dio rango constitucional a los tratados que pág. 20 versen sobre los Derechos Humanos; y supra legal a los demás. Con la aprobación del tratado, resulta aplicable, sin necesidad de intervención del Congreso de la Nación y se incorpora inmediatamente. Entonces, los tratados, se podría decir, "constitucionales", serían los incluidos en el artículo 75 inciso 22 párrafo 3° de la Carta Magna; y los que el Parlamento nacional vaya aprobando y otorgándole tal jerarquía.

El trabajo distingue entre dos concepciones de la autonomía moral -como autolegislación y como juicio propio-presentes en In Defense of Anarchism, de Wolff. Seguidamente examina la particular comprensión wolffiana de la idea de autonomía como autolegislación: el voluntarismo. Se muestra que Wolff adopta esta tesis como consecuencia de su rechazo a la viabilidad de la pretensión kantiana de fundar la ley moral sobre bases a priori. Considero que presentar los argumentos de Wolff en contra de Kant es un buen medio tanto para determinar los contornos de la concepción voluntarista de la autonomía como autolegislación como para explicitar los compromisos que su adopción implica. Por último se intenta mostrar que desde una concepción voluntarista de la autonomía como autolegislación no puede sostenerse coherentemente la tesis de la incompatibilidad conceptual entre autoridad y autonomía. Si la democracia directa y por unanimidad es, como sostiene Wolff, un tipo de autoridad, entonces a partir del voluntarismo hay al menos un caso en que podemos hablar con propiedad de autoridad legítima.

Ofrezco primero una caracterización de la teoría de los dos demonios. Esta teoría, tras gozar del rol de discurso de Estado luego de la recuperación democrática en Argentina, ha sido explícitamente rechazada en la segunda generación de juicios: aquí se consideró que sólo los militares (no las organizaciones de izquierda) cometieron crímenes contra la humanidad. Mi interés está centrado en evaluar las razones que sustentan esa distinción. Con vistas a ese fin, segundo, presento la figura de los crímenes contra la humanidad tal como está fijada en el Estatuto de Roma y distingo cuatro concepciones relativas a cómo debe delinearse su elemento político. Tercero, reconstruyo la interpretación que la Corte y los tribunales argentinos hacen de los requisitos necesarios para que un delito califique como crimen contra la humanidad. Hago foco en el elemento político y específicamente en las condiciones que una organización debe satisfacer para ser capaz de cometer dichos crímenes. Cuarto, comparo las decisiones argentinas con las tomadas por las cortes internacionales. Quinto, ofrezco una reconstrucción de los requisitos que a mi entender deben ser tenidos en cuenta (según la concepción normativa que considero correcta) en la definición legal de los crímenes contra la humanidad. Con esta herramienta  conceptual en mano evalúo las decisiones jurisprudenciales mencionadas más arriba. Por último, presento la que considero como la calificación jurídica adecuada de los delitos cometidos
por la izquierda armada en los setenta.

El trabajo revisa el instituto de la prisión domiciliaria con particular atención respecto de la
situación de los imputados o condenados mayores de 70 años y miembros del aparato represivo del
Estado durante la última dictadura militar en Argentina. Evalúa si la demanda de las agrupaciones
argentinas de derechos humanos de cárcel efectiva (i.e. denegación del beneficio de prisión
domiciliaria) para estos represores es conforme con el derecho argentino. Sobre la base de un análisis
de tres interpretaciones de la normativa que regula la prisión domiciliaria, el trabajo muestra por qué
los jueces no deben hacer lugar a dicha demanda.

Propongo un conjunto de distinciones que demarcan la estructura que considero adecuada para el examen de la tesis de la incompatibilidad conceptual entre autoridad y autonomía. Comienzo con un análisis de la concepción estándar de la autoridad, i.e., la tesis de la diferencia práctica (correlativismo). Distingo aquí dos versiones: la epistémica y la voluntarista. Reviso luego dos concepciones de la autonomía moral: juicio propio y autolegislación. Concluyo afirmando que debemos distinguir dos versiones de la tesis de la incompatibilidad conceptual: a) El conflicto es irresoluble porque la autonomía requiere que siempre seamos los autores de las normas que hemos de obedecer mientras que la autoridad pretende
que su voluntad sea la fuente de tales normas. b) El conflicto es irresoluble porque la autonomía requiere que siempre actuemos sobre la base de nuestro propio juicio moral respecto de qué razones categóricas deben guiar nuestra acción mientras que la autoridad pretende que renunciemos a las implicancias prácticas de dicho juicio.