Political Science

"En 2004, a partir de un amplio acuerdo entre los gobiernos locales de todos los partidos políticos y la Provincia, la Legislatura sancionó la ley de regionalización. Con el desarrollo como fin, esta ley implicó dos innovaciones trascendentes: a) la creación de 26 nuevas regiones y b) el reconocimiento de Comunidades Regionales a integrarse por decisión autónoma de los gobiernos locales.
En 2005, la Pcia. propuso a las CR, la identificación de las prioridades susceptibles de ser consideradas en la elaboración del presupuesto 2006–2008. En 2010, el Incam puso en marcha un nuevo proceso de identificación de las prioridades, elaborando el nuevo mapa de prioridades regionales. Este trabajo aporta como primer informe que da cuenta de cómo, a cinco años, se han ido o no modificando las agendas públicas regionales.
Así, el caso cordobés se presenta a partir de dos visiones complementarias: “una regionalización municipalista” y “un municipalismo regionalista”."

"En el campo de las políticas públicas existe una orientación hacia el conocimiento del proceso de políticas y otra que privilegia el conocimiento en el proceso de políticas (Lasswell, 1970). La primera incluye los esfuerzos de teoría positiva que buscan producir descripciones, definiciones y explicaciones del proceso por medio del cual un sistema político dado elabora decisiones relativas a asuntos públicos. Su propósito último es conocer la lógica que subyace y dirige el proceso decisorio de un gobierno dado, su patrón de decisión y operación de problemas públicos. La segunda consiste en la incorporación de teoremas y datos de las ciencias en el proceso de deliberación y decisión de la política con el propósito de mejorar la racionalidad de la construcción y desarrollo de las opciones de política. La propuesta metodológica elaborada en esta ponencia se enmarca en la orientación del knowlegde of de las políticas, como paso previo a cualquier esfuerzo por diseñar, rediseñar o evaluar impacto, resultados o efectos de cualquier intervención pública.
En este sentido, desde el incrementalismo se afirma que antes de diseñar nuevas políticas, es necesario conocer las existentes y sobre esa base mejorar las nuevas. En este marco y desde trabajos de campos realizados se ha detectado una gran dificultad de las gestiones públicas locales para determinar con claridad sus políticas (en diseño o en ejecución) y por otro lado, se ha detectado un vacío de aportes científicos, es decir, herramientas metodológicas elaboradas desde la ciencia que le permitan a las gestiones públicas superar esa dificultad que impide la evaluación de políticas al carecer de planificación.
En este sentido, los estudios de determinación son un aporte a la ciencia misma desde el punto de vista que constituyen un conjunto de herramientas teóricas y metodológicas.
Ahora bien, dado que uno de los objetivos de la ciencia es colaborar con la modificación de la realidad social, este tipo de estudios de políticas permitirá a las gestiones públicas en general y a las locales en particular: a) determinar su agenda, es decir, la concepción de la realidad de esa gestión en términos de necesidades sociales a satisfacer, problemas públicos a resolver, causas a remover y proyectos y actividades (soluciones); b) conocer claramente las políticas en diseño y en implementación: las sobrantes y las faltantes; y c) al estar “ordenada” la gestión, se convierte en abarcable, por lo tanto con mayores posibilidades de ser controlada, evaluada y comunicada.
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Los impactos de la globalización en los gobiernos locales, ha generado que éstos actúen como actores activos en los procesos de desarrollo integral e integrado. Así, es sumamente importante que desde otros niveles de gobierno se generen y propicien espacios tendientes a la replicabilidad y encuentro en la gestión de lo público.
En este sentido, durante 2010 el Incam puso en funcionamiento el Banco de Políticas Locales y Regionales para el Buen Gobierno como herramienta de intercambio entre los gobiernos locales y regionales, posibilitando así la difusión de distintas experiencias de diseño, gestión y evaluación de políticas locales y regionales, a los fines de darlas a conocer y, de ese modo posibilitar su reproducción y crítica. A partir de su puesta en marcha y luego de un exhaustivo proceso de selección hoy el Banco cuenta con nueve políticas públicas que representan un ejemplo de Buen Gobierno.
Buen Gobierno es entendido como un proceso político y colectivo de la resolución de los problemas públicos locales y regionales. Buen Gobierno como “proceso en el que la definición del sentido de dirección de la sociedad, de las actividades para realizar los objetivos, de las formas de organizarse y del modo como se distribuyen los costos y beneficios ya no es ni puede ser obra exclusiva del gobierno, considerado como actor único o dominante, sino que es el resultado de la deliberación conjunta entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales” (Aguilar Villanueva, 2010). En este marco, esta ponencia profundiza sobre el concepto de buen gobierno a escala local desde lo teórico pero también desde la aplicación, a partir de la presentación de los puntos comunes y no en las nueve políticas que hoy integran el Banco.

La ley orgánica N° 9.206 1 ha puesto en marcha un proceso de regionalización provincial que debe ser analizado aplicada y juiciosamente sin prejuicios políticos ni concesiones académicas, observando tanto las amenazas como las oportunidades para el gobierno provincial y los gobiernos locales.

¿Es posible la existencia de administraciones públicas patrimonialistas que brinden políticas públicas de calidad? ¿La calidad de las políticas públicas se puede explicar, en parte, por las características organizacionales de las administraciones? ¿Gobiernos locales con administraciones que padecen buropatologías se constituyen en motores del desarrollo?
El modelo burocrático weberiano en América Latina pareciera que alcanzó una instalación incompleta. Joan Prats (1999) afirmó que “si la reforma administrativa fracasó no fue porque el modelo burocrático que se trataba de implantar no era el adecuado. De hecho el modelo ha dado y sigue dando rendimiento excelente en muchos países desarrollados. En América Latina… no llegó a institucionalizarse sino parcial y excepcionalmente el sistema que Weber llamó de dominación racional-legal encarnado en la burocracia… lo que se desarrollaron mayormente fueron “buropatologías” que en el mejor de los casos se aproximaban al sistema mixto que Weber llamó “burocracias patrimoniales””.
Así, la presente ponencia es un avance de la tesis doctoral que pretende explicar la relación entre los modelos de administración pública (variable dependiente) y las dimensiones de la calidad de las políticas públicas locales (variable independiente). Para ello, la variable dependiente es analizada a partir de la presencia o ausencia de ciertas características de tres modelos teóricos de organización de las administraciones: a) modelo patrimonialista, b) modelo racional – legal y c) modelo post-burocrático (nueva gerencia pública y/o governance) y la variable calidad de las políticas públicas es analizada a parir de nueve dimensiones: a) estabilidad, b) adaptabilidad, c) coordinación y coherencia, d) implementación, e) orientación al interés público, f) eficiencia, g) participación social, h) grado de planificación y finalmente i) evaluación.

En la Argentina de hoy, el desarrollo integral demanda crecimiento de la economía y, sobre esa base, inclusión social y sustento ambiental, fortalecimiento de las instituciones y civismo. La realización del desarrollo integral requiere, asimismo, un nuevo modelo de gestión a escala local y regional. Los municipios deben ser protagonistas de ese nuevo modelo de gestión del desarrollo integral, a partir de un nuevo municipalismo. El municipalismo se ha caracterizado por la reivindicación de las autonomías municipales: institucionales, políticas, administrativas, económicas y financieras. A partir del reconocimiento de sus autonomías, con progresos y retrocesos según los diversos regímenes, en general, se puede observar que en un primer momento las administraciones municipales se dedicaron solamente a la prestación de los servicios urbanos. En una segunda etapa, los gobiernos municipales se consagraron, además, a la promoción del desarrollo local, haciéndose cargo de diversas materias (empleo, salud, educación, seguridad, etc.). Vale la pena destacar que el segundo momento no sustituye al primero. La promoción del desarrollo local se agrega a la prestación de los servicios urbanos. Las administraciones y los gobiernos municipales siguen siendo responsables (principalmente) de prestar eficiente y eficazmente los servicios pero, también, se hacen cargo de promover un desarrollo económico y social de la localidad. El paso de la primera a la segunda oleada se ha caracterizado por un proceso incremental de transferencia de funciones del gobierno nacional a las provincias y de las provincias a los municipios, sin los recursos suficientes en muchos casos.

En la última década Argentina creció a tasas más altas que los países de la región, aunque el crecimiento se moderó a partir de 2007, con una inflación elevada y una reducción de la pobreza y la desigualdad. El mercado de trabajo también exhibió un comportamiento positivo, si bien las mejoras se ralentizaron en los últimos años.

El Open Government Data (OGD) es una herramienta para empoderar a los ciudadanos, otorgarles acceso a los datos generados por entidades públicas. Brindar transparencia en la gestión y decisiones de Gobierno. Es una forma de transparentar y fortalecer las democracias. Para conocer en profundidad estos conceptos realizamos una entrevista con la politóloga Ivana Merlo Rodríguez, especialista en #Evaluación de #PolíticasPúblicas y #Gobiernos #PoliticalScience #PublicAdministration #OpenGov #OpenData, Presidente de Evalúa Argentina, un nuevo "think tank" integrado por profesionales de las ciencias sociales.