
Emiliano Arena
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Books by Emiliano Arena
Este material pretende promover en los municipios el diseño e implementación de políticas enmarcadas en el Modelo Social de la Discapacidad, teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad. También, contribuir a identificar los pasos iniciales
y los recursos con los que es necesario contar, proponiéndoles posibles lineamientos para el desarrollo de planes de acción, y una alternativa de monitoreo y evaluación.
Esta Guía también resulta de utilidad para los municipios que ya se encuentran implementando planes de acción o políticas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y que desean realizar mejoras en las mismas, tanto en el diseño como en algunas de sus prácticas o acciones.
contenidas en ella.
Papers by Emiliano Arena
La evaluación persiguió tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y sus potenciales impactos sobre el desarrollo en las provincias beneficiarias y iii) brindar recomendaciones para mejorar la implementación de futuras operaciones de crédito.
La evaluación persigue tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y sus potenciales impactos sobre el desarrollo en los países beneficiarios y iii) brindar recomendaciones de mejora para la implementación de futuras operaciones de crédito.
La evaluación persigue tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y potenciales impactos sobre el desarrollo en los países beneficiarios (en este caso el estado de Ceará, en Brasil) y iii) brindar recomendaciones de mejora en la implementación de futuras operaciones de crédito a la CAF.
La evaluación persiguió tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y potenciales impactos sobre el desarrollo del país beneficiario y iii) brindar recomendaciones de mejora en la implementación de futuras operaciones de crédito.
Así, la evaluación ex post es una oportunidad para generar un espacio de síntesis y elaborar críticamente recomendaciones de mejora, tanto a nivel del diseño como de la implementación y evaluación de las intervenciones lideradas por CAF, con las limitaciones propias de contar con un universo pequeño de casos analizados.
Ver más: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/una-estrategia-de-monitoreo-y-evaluacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
dimensiones de análisis (calidad del diseño y planificación de la intervención, calidad del sistema de monitoreo e información, calidad de la estrategia de evaluación y recursos) que componen el nivel en el que un programa puede ser evaluado en forma confiable y creíble.
Para llevar adelante este índice se implementa un protocolo de recolección de información que incluyó el relevamiento de toda la información pública y el pedido de información específica sobre 35 de los principales programas sociales a nivel nacional para el período 2015-2019. Con base en esta información se dio respuesta a 35 preguntas/indicadores que operacionalizan el concepto de evaluabilidad.
Los resultados indican que el 71% de los programas considerados tiene un nivel de evaluabilidad bajo, según el índice. Sin embargo, se evidencia un gran desarrollo de las primeras dos dimensiones del índice (calidad del diseño y planificación de la intervención y calidad del sistema de monitoreo e información). En cuanto al diseño y planificación, los programas tienen bien definidos sus objetivos, tienen algún tipo de
diagnóstico realizado e identificaron su población objetivo. En cuanto a la segunda dimensión, se encuentran muy buenos resultados en la presencia de indicadores de los programas, sobre todo aquellos vinculados a las tareas de gestión del Estado, como los de tipo insumo y producto. Por otro lado, hay poca formalización de la planificación en
las evaluaciones y, por lo tanto, los resultados en las dimensiones 3 y 4 del índice (calidad de la estrategia de evaluación y recursos), son más desalentadores.
Frente a estos resultados, es evidente la necesidad de la formalización e institucionalización de las tareas de monitoreo y evaluación en el Estado que desarrollen y fortalezcan las capacidades instaladas en el sector público para que los procesos de evaluación y la gestión de la información que de ellos se deriva sea sostenible. De esta manera, se podrá generar y utilizar este conocimiento para una mejora continua de las políticas públicas sociales en Argentina.
Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_753467.pdf
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership), es una iniciativa multilateral voluntaria que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. Su objetivo es lograr que los gobiernos sean más transparentes, participativos y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos.
La política de Gobierno Abierto en Argentina es parte de los 8 objetivos y 100 prioridades fijadas por el Estado Nacional en 2016. Contribuye con el objetivo de modernizar el Estado y con la prioridad de contar con una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.
El III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019 es producto de la construcción colectiva entre Estado y Sociedad Civil. El Plan cuenta con 44 compromisos, 33 de nivel nacional y 11 de gobiernos sub-nacionales ordenados en cinco ejes: Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación, Innovación y Subnacionales. En su elaboración participaron 28 organismos de los tres poderes del Estado y 54 organizaciones de la sociedad civil.
Además de su rol en la co-creación, las organizaciones de la sociedad civil que abogan por el gobierno abierto, tienen un rol en el seguimiento y valoración de los resultados que se logran. La estrategia de M&E que se propone tiene como misión responder a cuatro preguntas:
i) ¿De qué manera la implementación de los compromisos del III Plan de Acción contribuyen al cumplimiento de objetivos y prioridades de gobierno?
ii) ¿De qué manera el cumplimiento del III Plan de Acción contribuye al logro de los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto?
iii) ¿Cómo se valora la calidad de la deliberación en la implementación de los compromisos?
iv) ¿Se están cumpliendo los objetivos y compromisos asumidos con los distintos actores?
Para responder a estas preguntas, la estrategia de monitoreo se concentrará en el desempeño del III Plan, recopilando información sobre hitos y compromisos de manera trimestral y la estrategia de evaluación, se ocupará de valorar los resultados en términos de participación y efectividad.
La implementación de la estrategia permitirá contribuir la toma de decisiones fundamentada en evidencias, la inducción de acciones correctivas cuando sea necesario, la rendición de cuentas y el aprendizaje de los socios en la co-creación de políticas públicas.
Este material pretende promover en los municipios el diseño e implementación de políticas enmarcadas en el Modelo Social de la Discapacidad, teniendo en cuenta la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional de Derechos de las personas con Discapacidad. También, contribuir a identificar los pasos iniciales
y los recursos con los que es necesario contar, proponiéndoles posibles lineamientos para el desarrollo de planes de acción, y una alternativa de monitoreo y evaluación.
Esta Guía también resulta de utilidad para los municipios que ya se encuentran implementando planes de acción o políticas para niños, niñas y adolescentes con discapacidad, y que desean realizar mejoras en las mismas, tanto en el diseño como en algunas de sus prácticas o acciones.
contenidas en ella.
La evaluación persiguió tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y sus potenciales impactos sobre el desarrollo en las provincias beneficiarias y iii) brindar recomendaciones para mejorar la implementación de futuras operaciones de crédito.
La evaluación persigue tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y sus potenciales impactos sobre el desarrollo en los países beneficiarios y iii) brindar recomendaciones de mejora para la implementación de futuras operaciones de crédito.
La evaluación persigue tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y potenciales impactos sobre el desarrollo en los países beneficiarios (en este caso el estado de Ceará, en Brasil) y iii) brindar recomendaciones de mejora en la implementación de futuras operaciones de crédito a la CAF.
La evaluación persiguió tres objetivos específicos: i) sistematizar las experiencias derivadas de la ejecución del programa, ii) analizar sus resultados y potenciales impactos sobre el desarrollo del país beneficiario y iii) brindar recomendaciones de mejora en la implementación de futuras operaciones de crédito.
Así, la evaluación ex post es una oportunidad para generar un espacio de síntesis y elaborar críticamente recomendaciones de mejora, tanto a nivel del diseño como de la implementación y evaluación de las intervenciones lideradas por CAF, con las limitaciones propias de contar con un universo pequeño de casos analizados.
Ver más: https://eurosocial.eu/biblioteca/doc/una-estrategia-de-monitoreo-y-evaluacion-del-derecho-de-acceso-a-la-informacion-publica/
dimensiones de análisis (calidad del diseño y planificación de la intervención, calidad del sistema de monitoreo e información, calidad de la estrategia de evaluación y recursos) que componen el nivel en el que un programa puede ser evaluado en forma confiable y creíble.
Para llevar adelante este índice se implementa un protocolo de recolección de información que incluyó el relevamiento de toda la información pública y el pedido de información específica sobre 35 de los principales programas sociales a nivel nacional para el período 2015-2019. Con base en esta información se dio respuesta a 35 preguntas/indicadores que operacionalizan el concepto de evaluabilidad.
Los resultados indican que el 71% de los programas considerados tiene un nivel de evaluabilidad bajo, según el índice. Sin embargo, se evidencia un gran desarrollo de las primeras dos dimensiones del índice (calidad del diseño y planificación de la intervención y calidad del sistema de monitoreo e información). En cuanto al diseño y planificación, los programas tienen bien definidos sus objetivos, tienen algún tipo de
diagnóstico realizado e identificaron su población objetivo. En cuanto a la segunda dimensión, se encuentran muy buenos resultados en la presencia de indicadores de los programas, sobre todo aquellos vinculados a las tareas de gestión del Estado, como los de tipo insumo y producto. Por otro lado, hay poca formalización de la planificación en
las evaluaciones y, por lo tanto, los resultados en las dimensiones 3 y 4 del índice (calidad de la estrategia de evaluación y recursos), son más desalentadores.
Frente a estos resultados, es evidente la necesidad de la formalización e institucionalización de las tareas de monitoreo y evaluación en el Estado que desarrollen y fortalezcan las capacidades instaladas en el sector público para que los procesos de evaluación y la gestión de la información que de ellos se deriva sea sostenible. De esta manera, se podrá generar y utilizar este conocimiento para una mejora continua de las políticas públicas sociales en Argentina.
Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_753467.pdf
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP – Open Government Partnership), es una iniciativa multilateral voluntaria que promueve el trabajo colaborativo entre Estado y Organizaciones de la Sociedad Civil. Su objetivo es lograr que los gobiernos sean más transparentes, participativos y encuentren nuevas formas de crear políticas públicas con los ciudadanos.
La política de Gobierno Abierto en Argentina es parte de los 8 objetivos y 100 prioridades fijadas por el Estado Nacional en 2016. Contribuye con el objetivo de modernizar el Estado y con la prioridad de contar con una Estrategia Nacional de Gobierno Abierto.
El III Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2017-2019 es producto de la construcción colectiva entre Estado y Sociedad Civil. El Plan cuenta con 44 compromisos, 33 de nivel nacional y 11 de gobiernos sub-nacionales ordenados en cinco ejes: Transparencia, Rendición de Cuentas, Participación, Innovación y Subnacionales. En su elaboración participaron 28 organismos de los tres poderes del Estado y 54 organizaciones de la sociedad civil.
Además de su rol en la co-creación, las organizaciones de la sociedad civil que abogan por el gobierno abierto, tienen un rol en el seguimiento y valoración de los resultados que se logran. La estrategia de M&E que se propone tiene como misión responder a cuatro preguntas:
i) ¿De qué manera la implementación de los compromisos del III Plan de Acción contribuyen al cumplimiento de objetivos y prioridades de gobierno?
ii) ¿De qué manera el cumplimiento del III Plan de Acción contribuye al logro de los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional de Gobierno Abierto?
iii) ¿Cómo se valora la calidad de la deliberación en la implementación de los compromisos?
iv) ¿Se están cumpliendo los objetivos y compromisos asumidos con los distintos actores?
Para responder a estas preguntas, la estrategia de monitoreo se concentrará en el desempeño del III Plan, recopilando información sobre hitos y compromisos de manera trimestral y la estrategia de evaluación, se ocupará de valorar los resultados en términos de participación y efectividad.
La implementación de la estrategia permitirá contribuir la toma de decisiones fundamentada en evidencias, la inducción de acciones correctivas cuando sea necesario, la rendición de cuentas y el aprendizaje de los socios en la co-creación de políticas públicas.
http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/3577