REVISTA NÚMERO 22 by Antonio Segura Martínez
Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, Oct 28, 2024
Objetivos: este artículo lleva a cabo una reflexión sobre el alcance actual de los criterios suje... more Objetivos: este artículo lleva a cabo una reflexión sobre el alcance actual de los criterios sujetos a juicio de valor en nuestro marco público de contratación, para lo cual analizaremos los diferentes aspectos que envuelven a los criterios subjetivos. Metodología: la habitual en los estudios jurídicos, con manejo del derecho positivo, la doctrina científica, las resoluciones de los tribunales de recursos contractuales y la jurisprudencia. Resultados: la raquítica y desarmonizada regulación que de los mismos realiza la actual ley de contratos, convierte a los criterios sujetos a juicio de valor, con más asiduidad de la deseada, en un artefacto jurídico maleable y arbitrario. Conclusiones: inferimos la necesidad de acometer un proceso de reforma de los criterios sujetos a juicio de valor que, sin implicar un cambio disruptivo que comprometa la esencia de los mismos, permita una mejora normativa que garantice un adecuado equilibrio entre su utilización con un terreno de juego marcado y abonado por la certidumbre en el que deben desenvolverse todos los operadores económicos, dando lugar a la configuración de un marco jurídico claro y seguro. / Objectives: This article aims to carry out a reflection on the current scope of the criteria subject to value judgment in our public contracting framework, for which we will analyze the different aspects that involve subjective criteria. Methodology: The usual one in legal studies, with handling of positive law, scientific doctrine, resolutions of contractual appeals courts and jurisprudence. Results: The rickety and disharmonized regulation that the current Contract Law makes of them, turns the criteria subject to value judgment, with more assiduity than desired, into a malleable and arbitrary legal artifact. Conclusions: We infer the need to undertake a process of reform of the criteria subject to value judgment that, without implying a disruptive change that compromises the loss of their essence, allows a regulatory improvement that guarantees an adequate balance between their use with a playing field marked and fertilized by certainty in which all economic operators must operate, giving rise to the configuration of a clear and secure legal framework.
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