En la más reciente Convención Bancaria, en su edición 89 celebrada en Cancún, entre otros temas, la presidenta Claudia Sheinbaum trazó una hoja de ruta para la digitalización de dos grandes sectores: el pago de cuotas en carreteras y la carga de combustible, con lo que al cierre del año el pago de estos servicios será digital, dejando de lado el efectivo.
Lo que se busca oficialmente es reducir los tiempos de espera en las filas de las casetas y agilizar el despacho en las estaciones de servicio. Sin embargo, detrás de la narrativa de la "eficiencia operativa", el objetivo real parece buscar no la fiscalización del usuario final, sino poner orden a los grandes concesionarios y gasolineros.
Históricamente, el efectivo ha sido el velo perfecto para la discrepancia. En el sector gasolinero, la sospecha del "subreporte" ha sido una constante: estaciones que declaran ventas menores a las reales para ajustar sus márgenes de utilidad o, en el peor de los casos, para dar salida al combustible de procedencia ilícita. Con la obligatoriedad del pago digital, el gobierno crea un espejo transaccional ineludible. Al ser compras trazables con tarjeta o aplicaciones, las gasolineras ya no podrán vender un solo litro más de lo que legalmente le compran a Pemex o a los importadores autorizados. El algoritmo del SAT ahora tendrá la capacidad de conciliar en tiempo real.
En el caso de las autopistas, la jugada es similar pero con un matiz de seguridad pública. La digitalización total del peaje mediante sistemas de TAG y cobro por app busca inhibir la toma de casetas por parte de grupos de protesta o células delictivas. Si el dinero físico desaparece de las casetas de cobro, el botín inmediato se esfuma. Sin efectivo que recolectar en botes de plástico, la "toma" pierde su incentivo financiero, devolviendo el control de las vías de comunicación al Estado y asegurando que los ingresos por infraestructura realmente lleguen a las arcas públicas.
Pero el reto es monumental y no solo técnico. Para que esta "evangelización digital" funcione, el Gobierno Federal apuesta por herramientas como CoDi (Cobro digital) y DiMo (Dinero móvil), prometiendo cero comisiones para eliminar el pretexto del costo financiero. Sin embargo, surge una paradoja en el propio motor del cambio: el Banco del Bienestar. Mientras se exige transparencia y trazabilidad a los particulares, la institución bancaria del Estado opera con una base trabajadora en la incertidumbre. Es un secreto a voces que muchos de sus empleados (salvo algunos que venían de BANSEFI) operan bajo contratos temporales, firmando renovaciones cada pocos meses.
¿Cómo se le puede exigir a una estructura operativa que gestione la transición digital más grande de la historia reciente, orientando a millones de nuevos usuarios, si sus piezas fundamentales viven en el limbo administrativo? La digitalización es el cerco final a la opacidad fiscal, pero para que el sistema no "se caiga" —ni técnica ni moralmente—, el Estado debería entender que la transparencia debe empezar por casa.
¡Al pesebre... fieras!